A menos de 12 horas de la marcha federal de la comunidad universitaria y una porción importante de la ciudadanía que acompaña sus reclamos y en la antesala del veto que
Javier Milei firmará para sostener su ajuste sobre el sector y profundizarlo con el presupuesto 2025,
el Gobierno volvió a intervenir en el debate público sobre el tema con un conjunto de mentiras, falacias y agresiones a través del Ministerio de Capital Humano, con el objetivo de deslegitimar la movilización.
De datos públicos, declaraciones de especialistas e integrantes de la comunidad universitaria y un análisis básico de cada uno de los siete "puntos" que publicó
Sandra Pettovello surge que, salvo uno que es atendible y no tiene relación con el reclamo, el resto son mentiras, parcialidades, omisiones y hasta ataques raciales.
1. "Rechazo del aumento salarial, lo que hubiera representado 56 mil millones en 2024. Prefieren ir al paro, ya que el conflicto parece tener fines políticos"
La única duda para analizar este punto es cuánto perdieron los docentes y no docentes desde que gobierna Milei, que varía en función de distintos cálculos. Además de lo que perdieron, cabe agregar que, previamente, el Gobierno había lanzado otras fake news sobre los salarios de los trabajadores universitarios.
Según datos de la Conadu, el salario bruto (sin la aplicación de descuentos) de los docentes universitarios aumentó en agosto un 76% con respecto a diciembre de 2023. Es claramente inferior a la inflación registrada entre diciembre y agosto, que fue del 94,8%, según el INDEC.
De allí surge que los sueldos docentes de este nivel perdieron poder de compra con Milei. Al contrastar la pauta salarial de un docente universitario con la inflación, en agosto de 2024 la caída fue del 9,2% respecto de diciembre de 2023. Pero esa comparación resta diciembre, que ya gestionó el gobierno actual y decidió una devaluación que, justamente, fue la que más quitó capacidad de compra. Si la comparación se hace contra noviembre de 2023, la caída es del 23,7% en términos reales.
Como ejemplo: un auxiliar de primera con dedicación simple (son la mayoría de los docentes universitarios) y 10 años de antigüedad cobró en agosto de 2024 un salario bruto de $ 232 mil, mientras que en diciembre de 2023 percibía $ 132 mil.
La semana pasada, el Gobierno convocó a una reunión paritaria donde ofreció un 5,8% de aumento adicional al 1% ya establecido para el personal docente y no docente a implementarse en octubre, lo que fue rechazado por los gremios docentes.
Por su parte, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), Ileana Celotto, dijo a El Destape que el sector perdió "55 puntos porcentuales del salario, por lo que el 6,8% está lejísimo" de lo planteado.
"Más allá de la masa salarial que eso implique, habría que ver cuánto se ahorraron de masa salarial con los 55 puntos que perdimos. Se rechazó el aumento salarial del 6,8% porque ese aumento representa una mísera recuperación salarial", señaló.
En un comunicado previo, el Ministerio de Capital Humano, bajo cuya órbita funciona la Secretaría de Políticas Universitarias, había publicado: “Los docentes de dedicación exclusiva perciben cerca de $ 1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $ 1 millón, ambos salarios muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $ 300 mil para un adulto equivalente. Esto significa que no existe pobreza entre estos sectores”.
Y agregó: “Los que perciben salarios más bajos son los docentes de dedicación simple, que dan clase solo una vez por semana, y algunos no docentes de categorías iniciales. Los datos están disponibles y deben ser presentados con transparencia para esclarecer esta situación”.
Es todo entre falso y manipulado: el 69% de los docentes universitarios tiene dedicación "simple" (no necesariamente dan clase una vez sino que lo hacen durante 9 horas) y sus salarios oscilan entre los 145 y los 230 mil pesos mensuales, según antiguedad. Los docentes con dedicación "exclusiva" son sólo el 10,3% del total.
2. "Las universidades recibieron más dinero del solicitado pero no saben administrarlo. Aumentaron los gastos en funcionamiento un 270%"
Es mentira y sólo una opinión no fundamentada. En los primeros 8 meses del año, el Gobierno nacional transfirió a las universidades nacionales $ 1,8 billones. El número representa una caída en términos reales (es decir, descontando el efecto de la inflación) del 30,1% contra el mismo período de 2023.
Los datos surgen de los informes de ejecución presupuestaria oficial de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y también de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Si se analizan todas las partidas destinadas al área de Educación Superior de la Oficina Nacional del Presupuesto -que depende del Gobierno nacional-, el presupuesto vigente para todo 2024 es un 31,5% menor en términos reales al que se ejecutó en 2023.
“El nivel de ejecución de las transferencias a las universidades nacionales de la Administración Pública Nacional al finalizar el mes de agosto del presupuesto disponible fue de 61,2%, porcentaje inferior al promedio de los años 2015-2023 (63,7%)”, señala un informe de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).
Según este mismo documento, del total pagado en los primeros 8 meses del año, el 57% fue destinado al pago de salarios de docentes y autoridades superiores; el 33,5%, al pago de salarios no docentes; el 7,1%, a los gastos de funcionamiento; y el 2,2%, a los hospitales universitarios. Es decir que el pago de sueldos implica un 90% del total de gastos de las universidades.
En diálogo con el medio citado, desde AGD UBA enfatizaron que el aumento del 270% del que habló Pettovello aplica solamente al presupuesto para funcionamiento, que equivale entre el 8% y el 9% del presupuesto interno total. Agregaron que, además, justamente la suba de la que habla implica una caída real porque fue ejecutada sobre el presupuesto discutido en 2022 para 2023, por eso queda muy abajo de la inflación de 2023 y 2024.
Además, al igual que en otros sectores de la administración pública, el Gobierno también recortó los gastos de capital en las universidades. O sea los fondos que van por fuera del presupuesto general y que son destinados a las obras públicas o los gastos en infraestructura. Hay universidades que, producto de esto, no pudieron iniciar trabajos de refacción o ampliación que tenían proyectados. En los peores casos, quedaron con obras iniciadas sin terminar.
Según la Conadu, el presupuesto inicial, prorrogado de 2023, era de $31.914 millones. En este caso, las partidas no sólo no fueron actualizadas por inflación, sino que además sufrieron recortes: en abril el Gobierno le restó $ 165 millones al presupuesto. De todas formas, en los primeros 8 meses del año la ejecución presupuestaria en transferencias de capital para universidades fue nula.
3. "El 89% de los fondos transferidos a la UBA entre 2015 y 2022 no se rindieron"
En diálogo con Política Argentina, desde cuatro universidades públicas ubicadas en el AMBA y dos del interior del país remarcaron lo mismo: la AGN se encarga de auditar a las universidades, por lo cual no es cierto que no hay auditorías, pero además las casas de estudios responden en tiempo y forma a los pedidos de información (aquella a la que no acceden por sus propios medios) en los tiempos en los que el organismo lo requiere, que suele ser de manera muy atrasada.
En el caso del ataque a la UBA, desde esa universidad señalaron que en abril respondió al último informe realizado por la Auditoría General de la Nación en 2018 a la Facultad de Psicología para "aclarar ciertos temas que la sociedad tiene derecho a conocer".
En el primero de los puntos, la UBA aclaró que la Facultad de Psicología "realizó y realiza sus contrataciones de bienes y servicios en el marco de la Resolución Nº 8240/13, emanada del Consejo Superior", y que ese tipo de contrataciones previstas "se encuentran las contrataciones directas para casos excepcionales". La universidad es un organismo autónomo.
Sobre una observación que hizo la AGN "en expedientes de obras edilicias", explicó que "en realidad, lo que sucedió es que, en algunos expedientes, no quedaron documentadas las correcciones de trabajos realizados, como, por ejemplo, el arreglo de una filtración de agua a través de ventanas que habían sido recientemente colocadas en la sede Independencia, la cual se arregló en tiempo y forma".
"Otras observaciones hacen alusión a la demora no documentada dentro del expediente de ciertas obras, las cuales quedaron debidamente fundamentadas, y que tuvieron que ver, mayormente, con postergaciones de las mismas debido a inclemencias del tiempo o al inicio del periodo lectivo, entre otros motivos. No obstante ello, se tomó nota de las observaciones realizadas para implementarlas en los procesos internos", agregaron.
4. "El 21,8% de los estudiantes de medicina en universidades públicas son extranjeros"
Este punto es verdaderamente insólito porque a las claras toma a la parte por el todo. En redes sociales, Rodrigo Quiroga, docente de bioinformática en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba que habitualmente difunde y analiza datos científicos, detalló los resultados de un relevamiento que hizo del sistema universitario y sus estudiantes.
Allí precisó que "los estudiantes extranjeros son el 4% de la matrícula total". O sea que el Gobierno usa al área de Medicina en lugar de al total de la masa estudiantil en universidades públicas para intentar instalar un discurso de odio contra los extranjeros y justificar con eso que está bien sacarle fondos a las universidades y pagarles menos a los docentes.
Además, hacerle creer a la gente que con sus impuestos le paga la universidad a ciudadanos extranjeros de manera mayoritaria. Es todo falso y sin necesidad de entrar en un debate filosófico o ideológico.
5. "El 60% no son alumnos universitarios regulares"
En línea con lo que ya explicaron las autoridades del CIN, entre otros actores de la comunidad universitaria que demostraron que el Gobierno argumenta sin conocer la legislación vigente, Jorge Aliaga, profesor de la UBA y de UNAHUR e investigador del CONICET, enfatizó que según determina "el artículo 50 de la ley de educación superior la regularidad la determina cada universidad".
Además de cuestionar que el Gobierno no dice "de dónde saca ese dato", en relación con el mencionado artículo de la Ley 24.521 surge como análisis que es imposible hacer un abordaje nacional de la regularidad sin hay distintos parámetros en cada cada de estudio.
6. "El 61% de los estudiantes de la UBA tiene padres con educación superior completa"
Este dato además de incurrir nuevamente en tomar a la parte por el todo y "elegir" justamente a una universidad cuyas sedes principales están en la principal ciudad del país, la más beneficiada por los recursos públicos y la que, justamente por esto último, tiene de los menores índices de pobreza, es simplemente falso.
Como cita El Destape, los reportes oficiales publicados en los Anuarios Universitarios arrojan que en la UBA la proporción mencionada es del 9,1%.
A nivel general, los que que tienen padre o madre con universitario o posgrado completos son menos del 10% en general. Pero en particular en las del conurbano el número se acerca más al 5%. Si se toman los datos de aquellos que tienen padre o madre con secundario completo pero que empezaron la universidad, el porcentaje llega hasta entre 75% y 80%, pero no es de lo que habló el Gobierno.
Dos de cada tres estudiantes de las universidades públicas pertenecen a los deciles sociales 1-6, y dos de cada tres estudiantes de universidades privadas pertenecen a deciles 7-10.
7. Las transferencias para financiamiento se ejecutan en un promedio de 4,6 días, mientras antes eran 68 días.
Es, al día de hoy, el único punto en el que el Gobierno no miente o, al menos, no se sabe sin miente. En la UBA no poseen estadísticas certeras sobre el promedio de ejecución, aunque sí reconocen un adelantamiento respecto a gestiones anteriores.
Sin embargo, del análisis de los datos de ejecución presupuestaria a septiembre de 2024 publicados en Presupuesto Abierto, surge que actividades como "Acciones universitarias para el Desarrollo Nacional y Regional" y "Fortalecimiento de la Actividad Extensión Universitaria" tuvieron entre 0 y 2% de ejecución. En el resto de los ítems también hay retraso, pero a niveles normales para esta altura del año.
