El presidente Javier Milei llega a la Marcha Federal Universitaria de este miércoles en contra del ajuste a las universidades públicas por negarles casi $740.000 millones que implica la ley de financiamiento, un tercio de lo que costaba la reforma jubilatoria o de lo que el Estado deja de recaudar con el alivio a Bienes Personales o por no cobrarle Ganancias a los jueces.
Este miércoles se espera una movilización masiva hacia el Congreso de donde docentes, no docentes, rectores y estudiantes de las universidades nacionales de todo el país se manifestarán en contra del veto presidencial a la ley de financiamiento que, entre otras cosas, ofrecía mejoras salariales para los trabajadores. Desde que comenzó la gestión de Javier Milei, los sueldos de este sector perdieron más de un 60% contra la inflación que mide el Indec.
Específicamente, el financiamiento de las universidades nacionales que planea vetar el Gobierno tenía un costo fiscal estimado en 0,14% del Producto Interno Bruto, unos
738.595 millones de pesos, según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que en comparación a la quita de Ganancias a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y provincial están estimadas en 767.000 millones de pesos (0,10% del PBI) en 2025.
Las universidades vienen de un recorte del 30% en las transferencias entre diciembre y agosto, pero la peor parte se la llevaron los salarios de personal docente y autoridades (-30,4%), salarios de personal no docente (-26,7%), asistencia financiera para el funcionamiento universitario (-23,1%) y para hospitales universitarios (-19,3%).
Mientras veta la ley de financiamiento, el Presupuesto 2025 -que debe tratarse todavía en la Cámara de Diputados- plantea recursos por $3,8 billones de pesos para las 62 universidades nacionales y sus dependencias, lo que implicaría
una caída del 34,4% del presupuesto universitario en dos años, de acuerdo a un estudio del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti)
El argumento económico ante el ajuste, como siempre, es el déficit cero. Sin embargo han lanzado diferentes acusaciones a las universidades. Ayer, el
Ministerio de Capital Humano salió a cuestionar la movilización y en un comunicado remarcó que "nunca se desfinanció la educación universitaria pública". "El compromiso del Gobierno con la universidad pública se ha mantenido firme; simplemente se exigió claridad en la gestión de los recursos que se transfirieron", argumentó en el texto y criticó la "administración ineficiente de fondos" que transfirió el Ejecutivo.
Así se expresó el vocero presidencial,
Manuel Adorni, quien señaló que no es justo que una familia que se encuentra bajo la línea de la pobreza subsidie a quienes van a hacer política a la universidad”. Y cuestionó a los alumnos y alumnas al señalar que "no se sabe si van a clase o si no lo hacen”.
En ese sentido ya se había manifestado el secretario de Educación,
Carlos Torrendell, al acusar a las universidades de "inventar alumnos" para fundamentar el brutal ajuste al sector educativo.
