La insistencia en el veto a la Ley de Financiamiento Universitario parece inminente, aunque desde el Gobierno se muestran cautelosos. Un funcionario cercano a Milei expresó que "nunca está garantizado nada hasta que se vota", reflejando una mezcla de optimismo y preocupación por no contar con el tercio necesario para ratificar la decisión.
Para lograr este objetivo, el Gobierno ha asignado a parte de su equipo parlamentario a trabajar en esta estrategia. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General, y Gabriel Bornoroni, jefe de bloque de La Libertad Avanza, son los encargados de mantener el diálogo con los diputados que podrían sumar los votos necesarios, alcanzando así el "número mágico" de 87. La situación se presenta como un desafío, dado que la oposición y ciertos sectores dentro del oficialismo pueden dificultar el blindaje del veto.
En la previa de la segunda marcha universitaria durante la gestión de Javier Milei, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, hizo un llamado de atención sobre la crisis salarial que afecta al sector. Durante su intervención, Yacobitti denunció que más del 60% de los trabajadores universitarios se encuentra por debajo de la línea de pobreza, destacando el escaso salario de un profesor adjunto con dedicación exclusiva, que apenas recibe 840.000 pesos mensuales.
El vicerrector también alertó sobre el deterioro en la calidad educativa, ya que muchos docentes se ven obligados a reducir su dedicación para conseguir otros empleos y así poder subsistir. Como ejemplo, mencionó la renuncia de 48 profesores en la Facultad de Ciencias Veterinarias, que representa el 10% de la planta docente. Yacobitti subrayó que las universidades privadas ofrecen salarios significativamente más altos, lo que dificulta la retención de talento en la educación pública.
Además, enfatizó que en los últimos meses ha habido un ajuste salarial que ha llevado a una pérdida de poder adquisitivo sin precedentes en la historia reciente del país. En este contexto, la anulación de la Ley de Financiamiento Universitario, que se espera sea confirmada tras la marcha, genera preocupación en el Gobierno, que reconoce que no tiene asegurada la ratificación del veto en el Congreso.
En cuanto a la paritaria docente, el Gobierno propuso un aumento del 6,8% para octubre, que fue rechazado por los sindicatos. Yacobitti señaló que la pérdida salarial para los universitarios es mayor que la de otros trabajadores estatales, un hecho que el Gobierno había estado negando. A pesar de la intención del presidente de priorizar el equilibrio fiscal, Yacobitti argumentó que el costo de las universidades es insignificante en comparación con el déficit fiscal del país, sugiriendo que la inversión en educación pública es más beneficiosa que un gasto.
La marcha, programada para el 2 de octubre a las 17 frente al Congreso, contará con la participación de rectores, docentes, estudiantes y otros sindicatos y organizaciones. El objetivo de la movilización es interpelar a los legisladores para que reconsideren la Ley de Financiamiento Universitario y se resista el veto de Milei, en un contexto donde la aceptación y credibilidad de las universidades públicas en la sociedad son altas. La expectativa es que una movilización masiva pueda influir en el voto de algunos diputados, planteando la necesidad de proteger la educación pública frente a las decisiones del Ejecutivo.
