30.09.2024 / CONTRA LA RESOLUCIÓN DE CAPUTO

Un fallo judicial a favor del municipio de Moreno por el cobro de sus tasas en las boletas de servicios

La decisión judicial no solo representa una victoria para Moreno, sino que también sienta un precedente en la lucha por los derechos de los municipios frente a decisiones del gobierno nacional que pueden comprometer su capacidad de recaudar fondos para el bienestar de sus ciudadanos.





En un nuevo capítulo del conflicto entre los municipios bonaerenses y el gobierno nacional, la justicia federal falló a favor del municipio de Moreno, permitiéndole continuar cobrando sus tasas a través de las boletas de servicios públicos. Esta decisión se produce tras la resolución del ministro de Economía, Luis Caputo, que había prohibido esta práctica, afectando así a las finanzas municipales. La medida cautelar, dictada por el juez federal Adrián González Charvay, se suma a un fallo similar obtenido por la Municipalidad de Pilar.

El juez destacó que “dadas las graves y objetivamente impostergables circunstancias que marcan la presente acción de amparo”, la suspensión de la resolución del gobierno era necesaria para evitar un “grave perjuicio” al municipio. En su presentación, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, argumentó que el cobro conjunto de tasas está respaldado por una ley provincial y una ordenanza, y que la resolución nacional “atenta contra el derecho de propiedad del municipio violentando su autonomía en lo que respecta a la potestad recaudatoria”.

Caputo, en su anuncio, había expresado que “los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas”, sugiriendo que estas decisiones recaen en un intento por obstaculizar el programa económico de su gestión. Sin embargo, los intendentes de Pilar y Moreno sostienen que el cobro de estas tasas es esencial para mantener servicios vitales, como el alumbrado público y la seguridad. “Lo contrario afectaría sus ingresos y los servicios que brinda con el cobro de esos ingresos”, remarcó Fernández en su amparo.

La situación actual pone de relieve un enfrentamiento entre las autoridades locales y el gobierno nacional, poniendo en la mira la autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires. A medida que se desarrolla este caso, el juez ha solicitado al gobierno un informe que permita evaluar si la resolución impugnada debe ser declarada inconstitucional.