El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ratificó este viernes la suspensión de la resolución del Gobierno nacional que le prohibía a los municipios cobrar sus tasas municipales en las facturas de servicios públicos. El magistrado había dictado hace 10 días una medida precautelar y ahora confirmó esa decisión con una cautelar por el plazo de seis meses.
La nueva decisión fue tomada luego de escuchar los argumentos de los abogados del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, en el amparo que presentó el Municipio de Pilar, a cargo del intendente Federico Achaval. El fallo rige solo para ese municipio y no para todos los afectados por la decisión del gobierno, informaron a
Infobae fuentes judiciales.
Vale aclarar que el Gobierno puede apelar el fallo para que sea revisado y eventualmente revocado por la Cámara Federal de San Martín. En tanto, el magistrado ahora debe resolver el reclamo de fondo de la Municipalidad de Pilar que es la inconstitucionalidad de la resolución.
En esta oportunidad, el Municipio objetó que con la resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio no podía cobrar la tasa de Servicios Generales que está incorporada en la boleta individual del servicio de luz de EDENOR S.A.. Lo mismo con la tasa por Vigilancia, Inspección y Desarrollo de Emprendimientos que está en la boleta de gas de la empresa Naturgy BAN S.A..
El Ministerio de Economía de la Nación presentó su informe en la causa judicial y explicó que su decisión no le impide a los municipios cobrar sus tasas sino que lo que hace es prohibir “la facturación conjunta o fusionada en un mismo documento respecto de cargos o tasas que resulten ajenos a la naturaleza y prestación del servicio que podrían derivar en la suspensión o interrupción de la prestación de un servicio esencial frente a la dificultad o la imposibilidad de afrontar el pago de la factura debido a su monto”.
Y agregó que la ley provincial que sí lo permite colisiona contra una decisión nacional. Además, sostuvo que el Municipio de Pilar puede cobrar sus impuestos de manera directa sin que se vea afectada su autonomía.
En su resolución, el juez González Charvay señaló que la ley provincial 10.740 establece que las empresas de electricidad “deberán percibir, a solicitud y en representación de las municipalidades, la Tasa por Alumbrado Público que estas fijen en su jurisdicción” y que la norma 11.769 también fija que en las facturas “podrá ser incluido en las facturas, como concepto de prestación de servicios, el consumo, medido por alumbrado público”. Lo mismo con la tasa de vigilancia mediante una ordenanza fiscal de 2024.
El magistrado señaló que “la Constitución Nacional establece que cada provincia dictará su propia constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, asegurando la autonomía municipal y reglamentando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”. En esa línea, la Carta Magna de la provincia “autoriza a los municipios a dictar ordenanzas y reglamentos, dentro de las atribuciones que le confiere, y a votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo, reconociendo la autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia”.
Así, entendió que la autonomía de los municipios, en este caso el de Pilar, “se vería vulnerada, prima facie, por la resolución atacada, por cuanto le prohíbe el mecanismo utilizado, desde hace varios años, a los fines de obtener recursos que le son propios”.
Para el magistrado, en el caso también se da un peligro en los plazos. La resolución del Gobierno Nacional establece que las empresas de servicios públicos tienen 30 días para quitar de sus boletas las tasas municipales sino serán sancionadas. González Charvay entendió que se trata de una “circunstancia que impactaría directamente en la recaudación de las tasas en pugna y su posterior utilización a los fines de la administración, financiamiento y funcionamiento de los distintos organismos y edificios municipales”.
“Es dable recordar que la finalidad de toda medida cautelar es impedir la frustración del derecho de quien acciona, asegurando el eventual cumplimiento de la sentencia definitiva mediante el mantenimiento de un estado de hecho o de derecho y evitar así que se torne ineficaz el pronunciamiento definitivo de caberle razón a quien promueve la acción”, concluyó el juez.
