La Justicia suspendió los decretos del Gobierno que declaraban como servicio esencial a la actividad aeronáutica y, de esta manera, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que encabeza Pablo Biró en medio del conflicto con los trabajadores.
El juez Ricardo Hierrezuelo, del Juzgado del Trabajo N°42, suspendió la aplicación de los decretos 825 y 831 por un plazo de tres meses. Así el magistrado remarcó que
"el derecho a huelga se encuentra expresamente reconocido en nuestro país" mediante el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. También señaló que, según los convenios internacionales vigentes,
"la actividad aeronáutica civil aerocomercial no se encuentra entre los servicios esenciales enumerados".
En el marco del conflicto salarial con Aerolíneas Argentinas, el gobierno declaraba "esencial" el servicio de transporte aéreo. Esta medida fue considerada una limitación del ejercicio del derecho de huelga de los pilotos por los trabajadores, según publicó APLA hoy en su red social X.
DESDE EL SINDICATO
Según el gremio, la resolución señala que se encuentra "debidamente acreditado el planteo efectuado por APLA, conforme las normas constitucionales, legales y reglamentarias". También sumaron que el derecho de huelga
"se encuentra expresamente reconocido en nuestro país a partir de la incorporación del art. 14bis de la C.N. en el año 1957, así como también en el art. 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en Convenio 87 de la OIT que tiene jerarquía constitucional". Con esto, sostienen que "conserva vigencia el art. 24 original de la ley 25.877 y el decreto reglamentario 272/06, no encontrándose la actividad aeronáutica civil aerocomercial entre los servicios esenciales enumerados".
Por su parte, los pilotos señalan:
"como evidencia la permanente conducta de APLA, siempre en el marco del Estado de Derecho, contestaremos a cada ilegalidad con mayor convicción sobre las razones de nuestros reclamos". También advirtieron que "el Gobierno, con cada medida con que se involucra en el conflicto pone en evidencia, repetidamente, situarse como parte del mismo y, con ello, confundir su función de poder público con la de empleador o, peor aún, con la de intereses distintos a los del Estado Nacional y el patrimonio público, violando escandalosamente las normas vigentes y determinado responsabilidad por ello".
