25.09.2024 / AEROLINEAS ARGENTINAS

El fiscal Picardi desestima la denuncia de Bullrich contra Biró: la libertad sindical en el centro del conflicto

“Las expresiones del representante gremial podrían encuadrarse como parte del ejercicio del derecho de libertad de expresión -que incluye el de peticionar ante las autoridades-", señaló el fiscal al desesteminar los ataques de la ministra de Seguridad de la Nación.





El fiscal federal Franco Picardi desestimó la denuncia que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había interpuesto contra el sindicalista Pablo Biró. La acusación, motivada por declaraciones de Biró en las que advertía que la situación en Aerolíneas Argentinas se iba a poner "mucho peor", fue considerada por Picardi como parte del ejercicio de la libertad de expresión y de los derechos sindicales.

En su dictamen, presentado ante el juez Ariel Lijo, el fiscal fue contundente: “lejos de exhibir un accionar ilícito, refleja la potencial utilización de herramientas legales por parte del representante del sindicato”. Además, Picardi destacó que las declaraciones de Biró en ningún momento configuraban una amenaza real o concreta, y subrayó que “el delito de amenaza debe implicar un peligro de daño futuro, grave y posible”, lo que no se evidenció en este caso.

Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, había expresado que la situación con la aerolínea estatal se agravaría debido a la postura del Gobierno. "Esto se va a poner mucho peor", dijo Biró, refiriéndose a la falta de disposición del sindicato a someterse a lo que consideraba "una tiranía". La denuncia de Bullrich calificaba estas palabras como posibles "amenazas extorsivas", preocupada por el impacto que podrían tener en la seguridad de los pasajeros.

Sin embargo, Picardi recordó que el derecho a la libertad de expresión y a la protesta gremial son pilares fundamentales en una democracia. “Las expresiones del representante gremial podrían encuadrarse como parte del ejercicio del derecho de libertad de expresión -que incluye el de peticionar ante las autoridades-", señaló el fiscal, enmarcando el conflicto en un contexto de legítima defensa de los derechos laborales, garantizados tanto por la Constitución como por el derecho internacional. Ahora, será el juez Lijo quien tenga la palabra final sobre el caso.