Este lunes ampliaron la denuncia contra el presidente
Javier Milei por presuntas irregularidades y posibles delitos en el pago del asado realizado en la quinta de Olivos el pasado 17 de septiembre de 2024 para celebrar el veto a las jubilaciones.
La denuncia apunta a que
se realizaron cobros a través de una terminal de pago asociado al CUIT de la Secretaria General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, “lo que podría configurar los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación contra la administración pública”. La presentación fue realizada ante la Cámara Federal por la asociación Arco Social, y recayó por sorteo en el juzgado federal 9, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti.
El Gobierno intentó sortear la polémica que generó el asado que organizó Milei en la Quinta de Olivos al aclarar que no era para celebrabar que le sacaron un aumento a los jubilados y que queda legislador pagaría su comida. Así, el vocero presidencial,
Manuel Adorni comunicó a través de su cuenta de X (ex Twitter) que cada asistente abonaría la suma de $20.000 para cubrir los costos asociados y que no se aceptarían pagos en efectivo.
Sin embargo, no pudieron evitar el escándalo que generaron en redes las imágenes del encuentro donde se veía a los legisladores abornar en un dispositivo o posar con el ticket de pago que mostraba una terminal de pago con el CUIT de la Secretaría General de la Presidencia, lo que despertó sospechas sobre el posible uso de recursos públicos para un evento de carácter privado. "
Queda claro que los fondos recaudados de los asistentes al evento fueron directamente depositados en la cuenta de la Secretaría General de la Presidencia, dirigida por Karina Milei”, sostiene la denuncia.
El costo de la participación fue fijado en $20.000 por persona, lo que genera interrogantes relativos a si esa suma cubre los gastos reales del evento, se preguntó la asociación que dirige Alejandro Díaz Pascual. Diversos medios de comunicación realizaron estimaciones sobre el costo total del asado, teniendo en cuenta los precios de mercado de los alimentos y bebidas servidos. Según estos cálculos,
el costo real del evento rondaría los $3 millones.
Para la asociación
“se debe investigar si se emplearon recursos públicos para financiar algún aspecto del evento, dado que el uso de un equipo asociado a la Secretaría General plantea la posibilidad de que se hayan utilizado fondos del Estado para cubrir gastos que deberían haber sido absorbidos por los organizadores o los asistentes”.
Así, la Asociación Arco Social pidió en su denuncia que pidió que se cite a declaración testimonial a la totalidad de los asistentes del evento y que acompañen toda documentación relacionada al pago de $20.000 realizado (cupón de pago, extracto de movimiento en el que se visualice el pago, etc.). Además
solicitó que se ordene un peritaje contable para determinar el origen y destino de los fondos recaudados en el evento, así como la existencia de posibles inconsistencias entre los pagos realizados y los costos estimados.
En la presentación se requirió que se solicite a la Secretaría General de la Presidencia, que remita toda documentación relacionada al equipo asociado al CUIT de la Secretaría; informe las transacciones realizadas con dicha terminal de pagos (debiéndose indicar fecha, monto y motivo de las transacciones); informe datos bancarios de las cuentas asociadas a dicha terminal.
