Luego de que el Senado aprobará por mayoría el proyecto de movilidad jubilatoria, las dudas están centradas en si Javier Milei vetará dicha iniciativa. En la previa, el Presidente había adelantado que recurriría a dicha herramienta constitucional, pero también se juega a un contraveto por parte de ambas Cámaras.
El mandatario tiene 10 días hábiles para decidir qué hace, si desiste de la idea o si en caso de hacerlo será total o parcial. Por ahora, en la Secretaría Legal y Técnica, que conduce Javier Herrera Bravo y de donde saldría el veto, no hay novedades.
Sin embargo, en Casa Rosada algunos funcionarios ponen en duda el veto de Milei. Es que el mandatario se juega a un contraveto, ya que el veto no significa el fin del proyecto de ley.
Si el Presidente decide vetar un proyecto, este regresa al recinto, donde se abre la posibilidad de una nueva discusión. El Congreso puede aceptarlo (no volver a tratar el proyecto, aceptando así la decisión del Presidente) o insistir con la ley. En este último caso, se requiere una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes en cada cámara. Esta mayoría es exigente y demuestra un fuerte consenso legislativo. El artículo 83 de la Constitución Nacional estipula que las votaciones en este escenario deben ser nominales y tanto los votos como las justificaciones de los legisladores y las objeciones del Ejecutivo deben publicarse de inmediato en la prensa.
Si el Congreso logra los dos tercios necesarios en ambas cámaras para superar el veto, la ley se promulga incluso sin el acuerdo del Presidente. Sin embargo, si no alcanzan esta mayoría, el veto se mantiene y el proyecto no puede ser reconsiderado en las sesiones del mismo año.
En la oposición también creen que Milei no va a vetar. Hay sectores que afirman que si el Jefe de Estado veta, Diputados puede hacer caer el DNU que rige hoy y que vuelva a la fórmula de Alberto Fernández, que con baja inflación le generaría un gran gasto al Estado.
El Presidente puede vetar algunos temas (veto parcial) como las cajas previsionales que le reclamaban los gobernadores, el RIPTE y los haberes mínimos. Se trata de los artículos 2, 4 y 10. En Casa Rosada afirmaron a El Destape que ese sería el camino que podría tomar el jefe de Estado.
Es que el proyecto aprobado tiene una fórmula de movilidad que no depende sólo de la inflación sino que también es por los salarios. En caso de que el índice de inflación quedara por debajo del de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales, los jubilados recibirían el 50% de esa diferencia a través de un ajuste semestral.
Por otro lado, está el financiamiento de Nación a las cajas previsionales provinciales sobre el reparto de fondos para el pago de las jubilaciones y pensiones de empleados públicos de provincias y municipios.
