El juez federal Julián Ercolini rechazó este jueves el pedido del expresidente Alberto Fernández de que la causa por violencia de género que le inició su ex pareja Fabiola Yañez pase de Comodoro Py a los tribunales de San Isidro.
En la resolución, el fiscal federal Ramiro González argumentó que "más allá de las calificaciones legales que eventualmente corresponda asignar de un modo definitivo a los hechos objeto del proceso, estos surgen de un relato que revela un contexto de violencia de género asentado sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo".
"Estas características imponen un comportamiento prudente a la hora de definir la intervención del juez que habrá de intervenir en razón del territorio pues, justamente, el tiempo, el contexto y las formas violentas de ejercicio de poder que han sido denunciadas no pueden asignarse, de momento, a un enclave geográfico único y determinado", determinó.
Según informó la periodista de temáticas judiciales Vanesa Petrillo en C%N, el juez Ercolini hizo saber que, según su criterio, cambiar de jurisdicción sería en este momento al menos "prematuro".
El fiscal González había defendido la competencia de la investigación que tiene como único imputado al ex mandatario. Según el funcionario judicial, los episodios de agresión y hostigamiento comenzaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2016 y continuaron durante todos estos años, como surge del relato de Yañez.
“Lo que se investiga es una sola conducta desplegada en varios hechos”, explicó el fiscal al elevar el pedido al juez Ercolini. Un pedido que coincide con la postura de Fabiola Yañez y que era claramente opuesto a lo que pretendía Alberto Fernández.
Mariana Gallego, representante de la ex primera dama, sostuvo que el expediente no debía tramitarse en San Isidro. En su presentación ante el juzgado, recordó que los hechos que ratificó durante la audiencia con la fiscalía comenzaron cuando vivían juntos en el barrio porteño.
La decisión de González llegó luego de que la defensa del expresidente planteara que, por tratarse de hechos de violencia que habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, el expediente debería pasar al Poder Judicial de San Isidro.
"Según la opinión del Misterio Público Fiscal, corresponde que, por el momento, el caso quede bajo la competencia del Sr. juez federal delegante con el objeto de esclarecer los extremos relevantes de la pesquisa, determinar definitivamente el objeto procesal, y asignar las calificaciones legales del caso como paso previo a decidir, de un modo definitivo, acerca de la asignación territorial que pudiere corresponder", sostuvo González.
Finalmente, advirtió que "lo contrario implicaría un modo apresurado y prematuro se asignen nuevos operadores al caso, se obture la investigación que se encuentra en curso y se incrementen los riesgos de revictimización que es, justamente, lo que la ley impone evitar".
