Tras la aprobación de la Ley Bases y el Pacto de Mayo, ahora el Gobierno pone la mira en una segunda etapa de la reforma laboral que buscaría impulsar una reforma previsional para subir la edad jubilatoria y privatizar parcialmente el sistema.
En sí, el plan es parte de los puntos sobre los que acordaron los 18 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo el pasado 9 de Julio. El acuerdo proponía en su punto 8 "
una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación" y, además, busca impulsar la aprobación de "una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal".
La gestitón de Milei buscará avanzar en este tema, una vez esté conformado definitivamente el Consejo de Mayo, hasta ahora, su único integrante confirmado es
el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien será su presidente y resta conocer a todos los demás integrantes. El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que su conformación se conocerá en los próximos 30 días.
Según consignaron fuentes a
El Destape el foco de la reforma previsional, más allá de la promoción de un sistema privado, estará puesto en la suba de la edad jubilatoria, tal como indica la consigna de "dar sustentabilidad al sistema" expresada en el pacto. Ante los rumores, aclararon que
aún no está definido si la nueva edad jubilatoria promovida será de 75 años.
El proyecto original de la Ley Bases incluía la eliminación de la moratoria previsional y su reemplazo por una "Prestación de Retiro Proporcional" con las mismas condiciones que la PUAM, lo que implicaba elevar la edad jubilatoria para las mujeres sin aportes hasta los 65 años, además de jubilarlas con solo el 80% de una jubilación mínima. Sin embargo, este punto fue rechazado por el Senado, y no pudo volver a ser debatido en la sanción final de la Cámara de Diputados.
Cabe recordar que la ley de movilidad jubilatoria que hoy tiene media sanción de Diputados y avanza en el Senado. De ser finalmente aprobada, implicaría para el Estado un gasto adicional de entre 0,44% y 0,74% del PBI, detalló la Oficina de Presupuesto del Congreso. Aunque Milei adelantó que vetaría la ley, el Congreso podría tener los dos tercios de los votos para insistir y a la vez anular el veto del Presidente.
