El acceso a medicamentos imprescindibles para el tratamiento de enfermedades crónicas continúa sumando restricciones para pacientes de la tercera edad o que carecen de cobertura médica. Desde el Ministerio de Salud de la Nación afirman que la situación fue regularizada, pero no brindan datos claros al respecto.
Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el Ministerio de Capital Humano frenó el suministro de medicamentos a pacientes con enfermedades graves. Los reclamos comenzaron a visibilizarse en las redes sociales denunciando que, en caso de no recibir una respuesta rápida, sus vidas correrían serio peligro.
Esto no era un aviso sin sustento. Era una realidad que persiste en la actualidad gracias a los recortes significativos de los presupuestos de salud. La interrupción de los medicamentos comenzó a tener consecuencias irreversibles como el fallecimiento del dirigente vecinal salteño Aldo Pinto de 45 años, y el caso de Camila Giménez, una mujer cordobesa de 25 años.
En 2016 fue creada la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Este programa asiste a personas que carecen de cobertura con medicación oncológica, para enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas, que requieren tratamiento urgente. Mediante subsidios que hacen foco en la población más vulnerable, las personas pueden financiar la adquisición de insumos, productos para realización de estudios y medicinas que de otra forma resultan inalcanzables.
Dirigentes de La Libertad Avanza, entre ellos la mismísima ministra Sandra Pettovello, denunciaron posibles irregularidades en este organismo durante la anterior gestión del gobierno de Alberto Fernández. A la espera de una auditoría que revisara la transparencia y legalidad los procedimientos administrativos, decidieron suspender el funcionamiento de la DADSE y, con ella, el suministro de los tratamientos.
Con el correr de los meses, decidieron traspasar el manejo de la DADSE al Ministerio de Salud. El ministro Mario Russo, el mismo que falló en proveer de vacunas contra el DENGUE en la última epidemia, afirmó que ya se encuentra regularizada la situación de los pacientes pediátricos y oncológicos, pero desde la Red Unidos Por el Cáncer continúan denunciando “demoras en las entregas de medicamentos, faltantes de drogas y trámites engorrosos”.
Tras la solicitud del tratamiento, las personas que transitan enfermedades como cáncer o patologías crónicas graves, deben presentar también un amparo legal de salud, que el Estado puede apelar. Obligados por una medida cautelar de la justicia, desde el Ministerio de Salud comenzaron a entregar las drogas a cuentagotas, pero no es la solución que prometió Russo.
Por otra parte, a partir de julio, jubilados y pensionados beneficiarios de PAMI con enfermedades crónicas, percibirán una reducción en la cantidad de cajas de medicamentos mensuales que reciben: podrán ser cinco como máximo. Esto es a causa del vencimiento de los convenios entre los laboratorios y la obra social.
La cobertura, de entre 80 y 100%, depende de cada droga y alcanza a más de 3.000 productos. Para acceder a los descuentos, el gasto en salud de las personas de la tercera edad debe representar más del 5% de sus ingresos. Este caso es el de la mayoría, ya que más de 3 millones perciben $206.000 de la pensión mínima.
La reducción de provisión de medicamentos esenciales, los recortes presupuestarios significativos en programas de salud, y los ajustes constantes continúan impidiendo el acceso de las personas más vulnerables a una vida digna. En la Argentina de Milei, lo único que avanza es la desigualdad y la falta de oportunidades.
