Tras el provocador spot del Gobierno de Javier Milei ante el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y sindicales, y personas de a pie marcharon a Plaza de Mayo, a 48 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976, y reclamaron por una ley contra el negacionismo.
"Frente a este gobierno, que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica al terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo, que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas", afirmó en ese sentido el documento oficial del acto, en un tramo leído por la titular de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en el escenario principal pasadas las 15 horas.
En el documento, además, señalaron que "desde la instalación de la Libertad Avanza como una fuerza con representación política e institucional se han reiterado y ampliado los discursos de odio y el cuestionamiento a las políticas de igualdad, inclusión social y de Memoria Verdad y Justicia", en un tramo leído por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
"Rechazamos el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado. ¡SON 30.000!", sostuvo el referente de los DDHH. Además, el texto oficial del acto comparó el plan económico libertario con el de la dictadura: "El gobierno de Milei y Villarruel está ejecutando, de manera brutal y acelerada, el plan de ajuste más despiadado de estos 40 años de historia democrática. Es la reedición de la miseria planificada de Martínez de Hoz.
Asimismo, se le pidió "a los representantes del pueblo, diputados, diputadas, senadores y senadoras" que rechacen "por inconstitucional el DNU y la Ley Ómnibus, que son de nulidad absoluta".
En un tramo leído por la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, sostuvieron: "Milei pide poderes absolutos para destruir el país y obligar a los gobernadores a que firmen la aprobación de la Ley Ómnibus antes del Pacto en Córdoba el 25 de Mayo. Es una extorsión y una traición a la Patria. El gobierno quiere arrastrar al país a una dictadura del Mercado".
En igual sentido, señaló que piden "a los gobernadores que resistan ante las extorsiones del gobierno, que defiendan el territorio nacional y los recursos naturales".
"La participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos es contraria a su rol y pone en riesgo los derechos humanos de todos", afirmaron en otro tramo, rechazando así la intención del gobierno de Javier Milei de modificar la Ley de Seguridad Interior para utilizar a las FFAA en el combate al narcoterrorismo.
Por otra parte, el documento enfatiza en la necesidad de castigar a los "partícipes civiles civiles" en el terrorismo de Estado: "Todavía falta mucho. Los partícipes civiles del terrorismo de Estado continúan en su mayoría impunes. Son el poder económico y empresarial del genocidio. Para ellos también exigimos JUICIO Y CASTIGO YA".
En otro fragmento con mucha actualidad, tras las recientes declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se rechazó la prisión domiciliaria de los represores: "Son delitos que no prescriben y sus condenas deben ser de cumplimiento efectivo. Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel, en sentido contrario, violan todos los pactos internacionales que tienen rango constitucional".
"Seguimos reclamando y preguntando: ¿DÓNDE ESTÁN LOS CUERPOS DE NUESTROS DESAPARECIDOS? ¿DÓNDE ESTÁ JULIO LÓPEZ? Desde el reinicio de los juicios señalamos nuestra preocupación por los beneficios otorgados a condenados y detenidos con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Del total de los represores investigados, la gran mayoría ya falleció o bien atraviesan los procesos en libertad. Los detenidos son menos de 700 y más del 75 por ciento están en arresto domiciliario", advirtió el documento oficial.
