El gobierno de Javier Milei postuló este miércoles al juez federal Ariel Lijo y al abogado Manuel García Mansilla como posibles nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Lijo fue postulado para ocupar el lugar que Elena Highton de Nolasco dejó en el máximo tribunal en octubre de 2021 cuando renunció, mientras que García Mansilla ingresaría por Juan Carlos Maqueda, que podría dejar su puesto en diciembre cuando llegue a los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para ser magistrado.
De esta manera, la Corte Suprema no contaría con ninguna mujer entre sus integrantes.
QUIÉN ES ARIEL LIJO, EL POSIBLE REEMPLAZANTE DE HIGHTON DE NOLASCO
Lijo asumió como
titular del Juzgado Federal N° 4 en lo Criminal y Correccional en Comodoro Py en 2004 luego de ser propuesto por el expresidente Néstor Kirchner en el concurso 59 en el que también participaban Guillermo Montenegro, Daniel Rafecas y Julián Ercolini. Si bien quedó en quinto lugar, las bajas de Eduardo Freiler y Luis Salas le permitieron ser uno de los cuatro enviados por el Poder Ejecutivo al Senado, que en octubre de ese mismo año aprobó su pliego.
No solo fue quien procesó y
envió a juicio oral al exvicepresidente Amado Boudou por su supuesto involucramiento en los manejos de la ex Ciccone Calcográfica sino que también estuvo al frente de la
investigación por la posible comisión de delitos por parte de exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, en el marco del acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda.
Respecto a la causa del Correo Argentino, si bien llamó a indagatoria a otros involucrados, como el entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y su director de Jurídicos Juan Manuel Mocoroa y a los directivos del grupo Macri Jaime Kleidermacher y Jaime Cibils Robirosa,
nunca llamó a indagatoria al flamante titular del PRO. De la denuncia ya pasaron siete años.
Como desprendimento de la Causa Ciccone, Lijo investigó por un supuesto entramado previo al banquero Jorge Brito, al entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. También investigó a ex funcionarios y empresarios por
supuesto lavado de dinero por medio de aportes de campaña para el proceso electoral que consagró a Cristina Kirchner como presidenta de la Nación en 2007.
Su nombre
se vio salpicado por el accionar de su hermano Alfredo Lijo, abogado quien trabajó en la Auditoría General de la Nación (AGN) junto a Javier Fernández, sindicado operador judicial en Comodoro Py. Fue por ello objeto de críticas y denuncias muy fuertes por parte de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien lo acusó de integrar una asociación ilícita junto a su hermano y el exministro de Planificación Julio De Vido para evitar el avance en determinadas causas por corrupción.
Asimismo, participó de la investigación de las
causas conexas por el ataque a la AMIA en 1994. En esa causa envió a juicio oral al expresidente Carlos Menem, al ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, al ex juez Juan José Galeano y a los fiscales Eamon Mullen y José Carlos Barbaccia, entre otros. Al mismo tiempo le tocó intervenir en causas por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar y llevó adelante los casos cometidos en jurisdicción del Batallón 601 del Ejército por desapariciones y aplicación de tormentos.
