Un escándalo de magnitud regional tiene como foco posibles hechos de corrupción en la causa Lava Jato de Perú a un empresario ligado al partido del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou que oficia como representante de ese país en la Comisión Organizadora del Mundial de Fútbol 2030.
Eduardo Ache es asesor económico del senador
Guido Manini Ríos, líder del partido Cabildo Abierto el cual integra la coalición de gobierno que encabeza Lacalle Pou en Uruguay, designado por el gobierno para dirimir controversias en el Puerto de Montevideo y representante de la AUF en la Comisión Organizadora del Mundial de Fútbol 2030.
El empresario fue imputado por la causa Lava Jato en Perú y está investigado por lavado de activos y blanqueo de capitales en la causa que indaga el pago de millonarias coimas a ex funcionarios y funcionarios de gobiernos de la región por parte de la constructora brasileña Odeibrecht.
Según informó a M24 la Fiscalía de Perú y precisó el portal Poluy,
por este delito Ache enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión.
La causa contra el economista Ache está a cargo de la fiscal peruana
Geovana Mori Gómez, responsable del segundo despacho del equipo especial de fiscales del caso LavaJato y figura en la carpeta fiscal con el número 09-2021, según informó la fiscal a Eduardo Preve para la columna LA Tapadita (M24 radio).
Ache enfrenta una pena de 15 años de prisión en caso de ser ratificada la solicitud de la Fiscalía por el Poder Judicial, agregó la fiscal. Dicha Fiscalía peruana también investiga en la misma causa a otras dos ciudadanas uruguayas,
María Gazzo y Mercedes Araujo, quienes cumplían funciones administrativas para el mismo empresario ligado a gobierno uruguayo.
El nombre del economista Ache -si bien estaba mencionado en un principio en la causa- apareció con más evidencia (mails y comunicaciones) tras nuevos aportes de la Fiscalía de Andorra a la Fiscalía de Perú, luego de un acuerdo entre ambas fiscalías en 2021.
La maniobra se hacía desde la filial uruguaya de la Banca Privada de Andorra, según pudo comprobar la Fiscalía de Perú. El empresario uruguayo ya ha sido notificado de la causa en su contra por parte de la Fiscalía de Perú y designó abogado en ese país, al doctor Julión Carrión.
La notificación se hizo a través de uno de los juzgados de Crimen Organizado que funcionan en Uruguay, según confirmaron fuentes judiciales locales.
La fiscal Mori pretende tomarle declaración a Ache, de hecho ya ha realizado un requerimiento con medidas coercitivas para poder asegurar que el empresario ligado al senador Manini Ríos se someta a la investigación en Perú y comparezca en ese país, según confiaron fuentes de la Fiscalía de Perú.
La fiscal descarta viajar a Uruguay para tomar declaración a Ache -como si ha ocurrido con otros involucrados en la causa- porque ello ocurre en la etapa de búsqueda de información, pero en el caso actual “como ya está formalizado (ya hay un proceso penal en su contra)” por lavado de activos, la Fiscalía de Perú prevé establecer mecanismos procesales para asegurar que el uruguayo se someta a su jurisdicción.
Si Ache no se presenta a declarar y no se somete a la investigación, la intención de la Fiscalía de Perú es solicitar un requerimiento ante el PJ que le dicte reglas de condutas coercitivas para que tenga con cumplir con los llamados del Ministerio Público y el Poder Judicial.
La fiscal confirmó a La Tapadita (M24 radio) que tiene previsto indagar a Ache vía asistencia judicial. Según la Fiscalía de Perú, desde su condición de funcionario de la Banca Privada de Andorra, Ache flexibilizó la normativa de este banco en Uruguay para poder dar facilidades a la empresa Odebrechet y de esa forma la constructora brasileña efectuó transacciones y transferencias bancarias tercerizadas a otros bancos off shore -como el Meinl Bank, propiedad de Odebrecht,
en Argentina ligado al macrismo también- para el pago de coimas.
Ache también está acusado de favorecer la flexibilización de las normas para que funcionarios públicos peruanos y terceros vinculados a funcionarios públicos abran cuentas en Andorra. “Se realizaban transferencias de sumas exorbitantes sin justificación y después lo regularizaban”, según consta en la investigación fiscal en Perú (carpeta 09-2021).
Según la Fiscalía de Perú, se cruzaban mails y correos electrónicos donde los funcionarios explicaban la captación del cliente Odebrechet para facilitar este sistema. Luego se daban instrucciones en circuitos de correo para la triangulación del dinero.
Ache aparece junto a Betingo Sanguinetti -también imputado en la causa- dentro de las instrucciones de circuitos de correos obtenidos por la Fiscalía de Perú.
En esos correos electrónicos se autorizaba el pago de dinero ordenado por Odebrechet a diferentes ex funcionarios y mandatarios de la región a través de terceras personas.
Según la Fiscalía de Perú, Ache participó de la maniobra de facilitación de la apertura de las cuentas para el pago de coimas a través de la filial uruguaya de la Banca Privada de Andorra y obtenía ganancias de 1% del total de los giros realizados.
El equipo especial de la Fiscalía de Perú busca determinar qué responsabilidad le cabe a Ache en esa red de operadores que pagaban millonarias coimas de Odebrechet en diferentes países de la región a través Banco Andorra Uruguay (filial del Bando de Andorra) primero y luego de BPA Services.
Odebrechet utilizaba un complejo esquema bancario para comprar funcionarios de gobiernos de la región y quedarse con licitaciones para construir grandes obras de infraestructura.
Por esta misma causa, o sea el pago de millonarias coimas de la constructora Odebrechet a ex mandatarios y ex funcionarios de gobiernos de la región mediante cuentas del Banco Andorra, resultó procesado y preso Bettingo Sanguinetti.
La trama del lavado de activos conocida como Lava Jato es considerada la mayor de la historia de Brasil, superior a USD 8.000 millones.
