01.02.2023 / Judiciales

Escandaloso: camarista pasó la causa Lago Escondido a Comodoro Py a pedido de uno de jueces viajeros

La Cámara Federal decidió que la causa por el viaje de funcionarios de Larreta, jueces y empresarios a Lago Escondido pase de Bariloche a los tribunales de Comodoro Py. Fue un fallo unipersonal de Eduardo Farah que hizo lugar al pedido de un imputado, su par Pablo Yadarola.




El escándalo que se desató por el viaje a Lago Escondido financiado por Clarín a funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, empresarios, espías y jueces de Comodoro Py y el posterior chat en el que confiesan delitos será investigado en Comodoro Py y no en Bariloche, por decisión de un camarista de Comodoro Py al hacer lugar al pedido de la defensa de uno de los magistrados de Comodoro Py viajeros.

Sí, así como suena. Es que mediante un fallo unipersonal de Eduardo Farah, la Cámara Federal dispuso que el expediente en el que se investiga en Bariloche el viaje de los jueces Pablo Yadarola (Penal Económico), Julián Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Carlos "Coco" Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal); el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad porteño (en uso de licencia), Marcelo D´Alessandro; el exagente de inteligencia durante la gestión Cambiemos Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit SA, Tomás Reinke, presuntamente financiado por Clarín a través de sus autoridades Pablo Casey y Jorge Rendo pase a la justicia federal en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, a los tribunales de Comodoro Py.

Lo que hizo Farah - juez al que Mauricio Macri había sacado de la Cámara Federal en 2018 disconforme con sus fallos - al hacer lugar a un pedido de la defensa de uno de los imputados, el juez Yadarola, que había apelado la decisión del juzgado federal N°2 de CABA  -a cargo de Sebastián Ramos- que no había solicitado la inhibición de su par de Bariloche.

La denuncia originalmente se había realizado más de una vez, tanto en sede porteña como en Bariloche, contra diferentes funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían. O sea por hacerse de coimas a cambio de fallos.

La acusación en particular señaló que aquellos beneficios podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen.



“Se sabe -sin debate o duda al respecto- que (i) todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; (ii) todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; (iii) si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos (etc.), los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí”, argumentó Farah.

En esa línea, escribió que "frente a un contexto como el descripto (que es el relatado tanto por los ciudadanos que denunciaron ante el juzgado nº 2 de este fuero y el juzgado federal de Bariloche a raíz de publicaciones periodísticas, como por el Ministro de Justicia y las fiscalías de primera y segunda instancia que intervinieron en ambas sedes), es notorio que las circunstancias que son dirimentes para la solución del tema tienen una nota en común: habrían acontecido en esta Ciudad de Buenos Aires”.

Según la interpretación de Farah, “a los fines de determinar la competencia territorial (únicos que se analizan en la presente) deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios".

Y agregó un hecho hipotético como argumento "para reforzar", que es que "podría haber correspondido a diferentes lugares, e incluso al exterior del país, pero la definición del tema sería la misma”.

Con esta decisión del camarista que hace lugar al planteo de inhibitoria formulado, el juzgado instructor (a cargo de Ramos) deberá solicitar la causa al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche.

Sin embargo, el juez Ramos había rechazado plantearle al juzgado de Bariloche que le remitiera el expediente. La duda ahora es qué pasará en el sur: hasta ahora el juzgado patagónico que tiene en su poder el caso estaba a cargo de María Silvina Domínguez, pero de manera internina.

Este miércoles 2 de febrero, con el final de la feria y el inicio del año judicial calendario, Domínguez es reemplazada allí por Gustavo Villanueva, que es juez federal de Neuquén. Si este magistrado insiste en quedarse con el expediente y logre al menos momentáneamente retenerlo en Bariloche, aparecerá la Cámara de Casación para definir y donde está repleto de jueces que viajaron al sur, visitaron a Mauricio Macri durante todo su mandato y fueron puestos en sus cargos por el líder PRO.