El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires,
Roberto Gallardo, denunció el miércoles pasado una posible violación a la ley de inteligencia por parte de autoridades del Gobierno porteño al utilizar el sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP).
La denuncia fue presentada, ayer por la tarde, ante la justicia federal porteña, con sede en los tribunales de Comodoro Py, y se espera que sea sorteada este jueves tan pronto como inicie la actividad judicial.
El juez Gallardo presentó la denuncia penal luego de ser apartado, por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, de la causa en la que se investigan posibles irregularidades del GCBA en el uso de datos biométricos.
La administración porteña había utilizado el recurso de institucionalidad contra el magistrado, tras el ordenamiento de Gallardo de suspender el sistema de reconocimiento facial en la Ciudad.
"La información recolectada incluso hasta este estado de la causa permite observar
el posible uso indebido de los datos biométricos por parte de ciertos dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA", manifestó el magistrado en el oficio que envió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
En la denuncia apuntó a
Marcelo D´Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad de la CABA);
Gastón Leopoldo Navarro (subsecretario de Tecnología e Informática del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA);
Cecilia Inés Amigo (coordinadora del Plan Integral de Videovigilancia de la CABA, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA); y
Mariano Córdoba (Jefe de Sistemas de la Subsecretaría de Tecnología e Informática en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA).
"El Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos será empleado únicamente para tareas requeridas por el Poder Judicial de la Nación, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también para detección de personas buscadas exclusivamente por orden judicial, registradas en la Base de Datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc)", recordó el juez porteño en el oficio al que Télam tuvo acceso.
Y subrayó que, según la normativa, "salvo orden judicial, se encuentra prohibido incorporar imágenes, datos biométricos y/o registros de personas que no se encuentren registradas en el Conarc".
En los últimos días,
antes de ser apartado de la causa, el juez Gallardo había recibido los resultados del peritaje requerido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en relación a los elementos secuestrados dentro de la investigación. Los resultados determinaron que
"existen personas que no deberían encontrarse en la base de datos del SRFP".
En el informe, además, se estableció que "las alertas emitidas por el SRFP a los distintos oficiales de policía, para la detención de las personas, son remitidos a través del programa de mensajería instantánea Telegram indicando que no existe un el propio seguro para el tratamiento de los datos personales sensibles".
