En el marco del proyecto de reactivación económica de cara a la salida de la pandemia que impulsa el Gobierno argentino y a través del cual estimula a la incorporación de beneficiarios de planes sociales al trabajo formal, entre otras iniciativas para políticas sociales,
el debate que se abre trasciende los alcances del Estado y plantea un nuevo paradigma en torno a la forma de comprender el trabajo, el empleo, la actividad económica y los programas sociales que contienen a la población más vulnerable.
Por eso,
Política Argentina dialogó con diferentes referentes de la esfera política, económica, social, del trabajo y el empresariado que permitirán esclarecer un panorama en plena ebullición.
Argentina se enfrenta al gran desafío de generar empleo en una de las mayores crisis económicas de su historia contemporánea, arrastrando cuatro años de neoliberalismo, endeudamiento, precarización y flexibilización, seguidos de una pandemia que azotó todas las economías mundiales de la mano de la necesidad de restricciones a la circulación para contener el avance del virus.
La tasa de desocupación es de 9,6%, a la que se le suma un 12,4% de subocupados. Adicionalmente, entre jóvenes de entre 18 y 30 años, la falta de trabajo afecta al 24%, según publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC).
El panorama podría resultar desalentador sin tener en cuenta que Argentina es uno de los países de la región que demostró
un mayor crecimiento económico tras los dos años de pandemia: la recaudación creció 56,7% en octubre -máximo nivel de crecimiento desde 2015 para mismo período-, la actividad económica creció un 9.3% sobre los niveles del 2019; se recuperaron el 60% de puestos de trabajo de sector privado formal; el empleo registrado creció 2.8%; y la actividad industrial 64.4 en agosto.
Sin embargo, el 40% de la población activa son trabajadores informales: asalariados no registrados de la economía popular y cuentapropistas no profesionales, que carecen de la protección de leyes laborales, seguridad social y de aportes jubilatorios. Entre los precarizados, un 70% percibió menores ingresos desde el inicio de la pandemia, pero sus filas crecieron.
La informalidad es la norma entre las personas que viven en la pobreza, que representan 42% del total de la población argentina. Pero también entre los jóvenes: siete de cada 10 menores de 30 años que trabajan están precarizados en Argentina.
Tal como se analiza,
Argentina vio colapsar su economía en casi 10 puntos del PBI en 2020, pese a que el país comenzó en 2021 a aumentar su actividad, con algunos sectores industriales que ya trabajan por encima de niveles prepandémicos. Pero demorará dos años en recuperarse a números de 2019, que de por sí eran pobres luego del fracaso constatado en datos del programa económico neoliberal de la administración de Mauricio Macri en nombre de Juntos por el Cambio.
Ahora, superadas las elecciones 2021 y con las disposiciones que las distintas fuerzas tendrán en el Congreso a partir del 10 de diciembre y, al menos, por el resto del mandato del Frente de Todos, la discusión alrededor de cómo generar trabajo, qué hacer para convertir en empleo los planes sociales, de qué forma es conveniente y justo distribuir las jornadas laborales y cómo hacer que esas eventuales políticas públicas surtan efecto lo antes posible después de las consecuencias económicas de la crisis generada en 2018/2019 y la pandemia, reaparece en escena.
“CUATRO AÑOS DE PANDEMIA Y DOS DE CORONAVIRUS”
“La situación en los barrios es cada vez más difícil, después de 4 años de pandemia macrista y luego de casi dos años del coronavirus, la situación no mejoró, al contrario.
Los trabajos y trabajadoras estamos haciendo muchísimo esfuerzo para poder garantizar mínimamente la comida para nuestras familias y las familias en nuestros barrios. Pero la inflación se siente mucho. Sobre todo para la gente de nuestros barrios, donde no existen los precios cuidados y donde todo es más caro. La pobreza se siente con más fuerza y también hay un proceso de más violencia y más inseguridad”, describió con elocuencia al respecto
Dina Sánchez, secretaria adjunta de la
Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y dirigenta del Frente Popular Darío Santillán (FPDS).
Si bien un tercio de la población hoy trabaja, no tiene empleo en blanco, algo que desde UTEP no solo es una preocupación per se, sino que acarrea que “la gran mayoría de los trabajadores no percibe un programa laboral por tener un trabajo sin derechos, obra social, ART, o vacaciones, etc.”
Es que empleo no es sinónimo de trabajo y mientras que la posición de la referenta de la UTEP reconoce el valor del objetivo que se plantea el Gobierno de aumentar el trabajo registrado,
“el problema es pensar que en el siglo XXI todas las personas que hoy trabajan sin derechos y quienes no tienen trabajo alguno van a ser empleadas por una empresa”.
“Es un problema porque es pensar una realidad que no existe, no existió ni durante el mejor momento de crecimiento durante el kirchnerismo. Por eso nosotros planteamos que hay que avanzar en un salario básico universal para el conjunto de la población en edad laboral y que no tiene empleo formal y que hay que fortalecer específicamente la economía popular para quienes desarrollamos las distintas ramas de nuestro sector. Quien trabaja en un polo textil de la economía popular, quien produce alimentos, quién comercializa productos de cooperativas de la economía cooperativa social y popular no necesita entrar a una empresa, necesita que el Estado fomente el trabajo y la comercialización de lo que hacemos”, explicó Sánchez en entrevista con
Política Argentina.
De esta manera, los miembros de la
UTEP dejan asentada una nueva ramificación para el enfoque de este debate, y es que mientras que el apoyo esté puesto en las empresas privadas en lugar de fortalecer y mejorar las condiciones de las cooperativas, detrás de ese sesgo está la compleja relación entre la formalidad y la estructura impositiva, además de las dificultades para ofrecer marco legal a gran escala a la economía popular. Un nuevo escalón, en este camino a la mejora de los índices económicos, y específicamente laborales de nuestro país.
Mientras que por el lado del sector sindical el secretario general de
UPCN, Andrés Rodríguez, también habló sobre la iniciativa del gobierno nacional que pretende transformar los planes sociales en empleos formales y señaló que “todo lo que sea creación de trabajo formal digno es bienvenido, tiene que haber una política muy ofensiva sobre ese tema”.
Asimismo, Rodríguez en diálogo con
Política Argentina que hay un gran porcentaje de los trabajadores sin la posibilidad de ingresar a un trabajo formalizado.
“Tiene que haber una política muy determinante sobre este tema, tanto de parte del gobierno como del sector empresarial y de los propios gremios", enfatizó explicitando la necesidad de un acuerdo nacional, como promueve el oficialismo para después de las elecciones independientemente del resultado.
Al tiempo que planteó que
“los empresarios no pueden estar justificando semejante porcentaje de gente por debajo de la línea de pobreza o sin trabajo”, y agregó que "realmente tienen que generar la ayuda necesaria para que se pueda ir manejando un a política de empleo fuerte”.
Sobre la posibilidad de que la UIA acompañe este proyecto expresó en primer lugar que la entidad "no es la única cámara" y añadió que "tiene que haber otras como la de construcción y la del comercio, todos los sectores empresariales tienen que confluir en este objetivo”.
EL INICIO DEL CÍRCULO VIRTUOSO
Es que apoyado por la principal central sindical, la
Confederación General del Trabajo (CGT), el presidente,
Alberto Fernández, busca reducir la desocupación y la precarización al apuntalar la incorporación de receptores de planes sociales a empleos formales del sector privado.
A su vez, el mandatario decretó el 19 de octubre un programa que busca facilitar que las personas que reciben una asistencia del Estado a través de los planes
Potenciar Trabajo y Potenciar Inserción Laboral Joven puedan ser empleados sin perder sus asignaciones.
En esta línea, el Gobierno ofrece incentivos para la contratación a las empresas del sector privado, al integrar la correspondiente prestación de los planes como parte del salario, y establece que las personas puedan volver a percibir asistencia si se finaliza la contratación.
Así, se anunció que trabajan en este sentido con empresas y gremios del rubro hotelero y gastronómico. Algo que se suma al acuerdo entre el Gobierno y cámaras y sindicatos de la construcción para la creación del nuevo
Programa Construir Trabajo e Igualdad, así como a la iniciativa lanzada en agosto para el registro de trabajadores rurales.
Al respecto se le consultó al abogado laboralista y ex diputado nacional
Héctor Recalde, quien reconoció que a pesar de que “hay una tímida recuperación” de la economía,
“es muy importante una política que ponga dinero en los bolsillos de trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, porque ese dinero va al mercado interno que representa el 80% del producto bruto interno, eso es importante no sólo para los desempleados, sino que también lo es para la actividad productiva del país y es el inicio de un círculo virtuoso”.
CÓMO PENSAR EL TRABAJO POSTPANDEMIA
Históricamente el liberalismo económico argentino planteó que el problema para la generación de empleo o la formalización del trabajo eran los “altos” costos laborales.
Pregonaban como solución reducir los aportes patronales, limitar la capacidad de negociación salarial y flexibilizar los contratos laborales. Existen sobrados ejemplos en nuestra historia que demuestran que estas iniciativas, lejos de generar más empleo, aumentan la precariedad laboral y reducen el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Sin embargo, este pensamiento sigue vivo, e incluso lo hemos visto hacerse carne en las últimas elecciones.
Desde la mirada de algunos sectores se trata de desterrar esta idea del debate público y del sentido común de la dirigencia empresarial, hecho que constituye un necesario punto de partida y una batalla a ser dada. Al respecto se refirió
Héctor Recalde: “El derecho laboral no crea ni genera empleo, lo único que puede hacer es distribuir con más razonabilidad y más solidaridad lo que ya existe, y eso se hace regulando la jornada de trabajo”.
Así el letrado compartió un ensayo matemático que da cuenta de las ventajas que tendría poder reducir la jornada laboral, incluso si tan solo fuera una hora diaria:
“Teniendo en cuenta que son seis millones y medio los hombres y mujeres que trabajan, si se redujera una hora la jornada laboral, en la actividad privada no ganaríamos empleo, pero lo distribuiríamos entre 900 mil hombres y mujeres que no lo tienen”.
“Además la disminución de la jornada de trabajo aumenta la productividad y disminuye el riesgo de accidentes de trabajo”, añadió en entrevista con
Política Argentina.
A su turno el secretario general de UPCN también hizo alusión a las nuevas herramientas que trajo la pandemia, como el teletrabajo, y planteó que
“los empresarios no pueden estar justificando semejante porcentaje de gente por debajo de la línea de pobreza o sin trabajo”.
Además, se metió en la discusión acerca de la reducción de las jornadas laborales: “No se pueden generalizar las cosas porque cada actividad tiene sus particularidades, eso debe resolverse en cada convenio colectivo de trabajo”.
Asimismo sostuvo que la discusión de esos convenios es el lugar adecuado para que ambas partes, empresariado y trabahadores, discutan y vean en cada coyuntura cómo se resuelven los problemas, pero no como una cuestión donde lo primero que se plantea es la reducción de derechos generales.
Desde esta perspectiva, podría sonar contradictorio que el sector empresario imprima resistencia a un avance de esta naturaleza, cuando estas cifras muestran que incluso para sería beneficioso para el sector productivo empresarial, teniendo en cuenta que les sería conveniente que disminuyan, verbigracia, los accidentes de trabajo e incluso mejore la productividad de un operario, que no rendiría de la misma manera si trabajara entre diez y doce horas, comparado con uno que trabaja entre seis y siete.
LA POSTURA EMPRESARIAL
Para poder observar con mayor perspectiva, un ejemplo y contracara de aquella mirada podría ser entendida desde la postura que expresa el CEO y dueño de TN&Platex,
Teddy Karagozian, quien consultado por
Política Argentina se refirió al proyecto para la reconversión de planes sociales a trabajo registrado y, aunque cree que toda propuesta que trate de aumentar el empleo formal es buena, pone reparos en su posible funcionamiento porque
“el problema de la Argentina es que los empresarios con las condiciones actuales de conflicto e incremento anual de su pasivo laboral, no desean y no van a tomar más empleados que el mínimo necesario”.
A su vez sostuvo que “se han propuesto infinidad de veces estos proyectos de diferente modo, con diferentes formas y el empleo no subió”. En ese sentido, analizó que no aumenta la contratación de personal porque el trabajador una vez que se convierte en empleado de un privado empieza a acumular en la empresa un pasivo laboral y a partir de esto
“las Pymes son sujetas a conflictos, algunos de los cuales pueden hacer quebrar la empresa”.
En el misma sentido, planteó que
“es como sacarse una lotería al revés: si te sacás la lotería y contratás a la persona que va a hacer quebrar la empresa y tenés ese temor, no empleás”.
En tanto, el empresario industrial textil también descartó la propuesta acerca de la reducción de las jornadas laborales de 8 a 6 horas. “
Técnicamente es una idiotez atómica porque pensar que uno puede enriquecerse o el país con menos horas de trabajo sería haber inventado la máquina del movimiento continuo", enfatizó
Desde esa mirada, expresó que los países que tienen disminución de horas, como Francia, se han empobrecido al lado de países como Alemania, que no las implementaron. Según opinó, una propuesta de este tipo sólo puede imaginársele a
“gente que no conoce o que ha vivido del trabajo público". Y concluyó:
"¿En qué cabeza cabe que un país pobre puede salvarse trabajando menos horas?”.
RACCONTO
No existen las fórmulas mágicas para esta situación.
Pero hay señales, principalmente sostenidas en datos, en la historia argentina reciente. Desde el 2003 al 2011, Argentina logró generar más de 5 millones de puestos de trabajo de los cuales el 70% fueron empleos formales privados colocando al empleo como eje central del crecimiento a través de una política macroeconómica sólida, la consolidación de las instituciones laborales (convenios colectivos, consejo del salario mínimo) e implementación de políticas de empleo y protección social de alta cobertura (inspección laboral, subsidios a desocupados, programa de empleo para jóvenes, red de oficinas de empleo nacional).
Además, la educación para el trabajo ha sido un eje central de las políticas de empleo de aquellos años a partir de un trabajo tripartito entre sindicatos, cámaras empresariales y Estado y que resulta imprescindible para lograr competitividad a nivel mundial, sin que sea a partir de la reducción del “costo salarial” de nuestra mano de obra.
Actualmente existen propuestas desde distintos sectores políticos y sociales para combatir el desempleo. Sin embargo, no existe política de empleo eficaz sin una política económica orientada a la producción y al trabajo.
La reducción de contribuciones patronales no se presenta como mala ni buena en sí misma, en el marco de que depende siempre del contexto macroeconómico en el que se implemente y a partir de qué tipo de política pública se la aplica. En los años 90, cuando se redujeron las contribuciones del 33% al 23%, el desempleo alcanzó su techo histórico.
Ahora bien, si las contribuciones patronales se aplican solo para nuevos trabajadores/as con dificultades para acceder al mercado laboral, puede convertirse en un importante incentivo para contratar, como ocurre con el programa Te Sumo lanzado por el Gobierno Nacional.
En este punto es clave el rol del Estado Nacional para que se focalice –como expresan coincidentemente los sectores de la Economía Popular y del sindicalismo- en segmentos de la sociedad por fuera de la población joven que, si bien reviste importantes dificultades para acceder a un trabajo, no es la única. Existen universos poblacionales con similares problemáticas como mayores de 45 años con bajos niveles de calificación, jefas de hogar o trabajadores con 10 años o más sin un empleo formal. En este punto son auspiciosos los programas como
Registradas.
Mientras tanto, tal vez por angurria, tal vez por posicionamientos ideológicos inflexibles, las medidas se siguen definiendo en torno a una jornada de trabajo que está pensada hace casi 100 años como la que continúa en vigencia en nuestro país, pese a que sectores de la oposición elevan los valores del “cambio” y la “modernidad” se resisten a discutir estos datos objetivos de la realidad.
Un buen comienzo es que la ciudadanía cuente con las diferentes perspectivas para analizar estas cuestiones, dado que "la información es poder". Y si no lo es en sí misma, sin dudas es un nodo de inflexión importnate. Si se logra instalar estos temas, si se debaten en las mesitas de café, en las cenas familiares, en los bares con amigos tal vez –como ocurrió con las cuestiones de diversidad y géneros- se logre imponer una agenda de discusión que apunte a una síntesis de acuerdos para ese cambio tan necesario y a la vez urgente.
