La Justicia volvió a entregar ayer un nuevo guiño a las compañías de telecomunicaciones en su pelea contra la intervención del Gobierno. La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal admitió la medida cautelar que pidieron de forma conjunta las empresas Telecentro y DirecTV contra el DNU 690/2020, que declaró a las telecomunicaciones servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia.
Gracias a esta ratificación de la Justicia las compañías privadas podrán seguir estableciendo sus precios más allá de las autorizaciones del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). El fallo contó con los votos de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez, mientras que la jueza María Claudia Caputi votó en disidencia con sus pares.
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demás de estas cautelares hay otra vigente en la provincia de Córdoba que abarca a unos 500 operadores nucleados en la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) a la que se podrían sumar eventualmente las empresas Claro y Movistar, ya que la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra) que integran se convirtió en socia de ATVC en mayo pasado.
Con estas medidas,
las empresas reafirman su potestad para fijar los precios por fuera de los establecidos por el Gobierno.
En diciembre pasado, el Enacom solo autorizó un aumento del 5% para los servicios de telefonía fija, móvil, internet y TV por cable que fue desobedecido por las compañías privadas, que aplicaron subas del 12% al 20%.
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fines de febrero, en tanto, el Enacom dijo que las empresas de telefonía celular podían subir un 7,5% y un 2,5% adicional en febrero y marzo, y las de TV paga, internet y telefonía fija, entre el 5 y el 7,5% a partir de ese mes. Pero la condición era que devolvieran lo facturado en exceso en esos meses.
En tanto, para este mes estaba prevista una suba del 3% y del 5% en julio. Ambas quedaron en suspenso: hasta ahora no hubo una resolución que las convalide.
