El Organismo que se ocupa del tratamiento de información para la prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y los Delitos Económico- Financieros Complejos,
fue aceptado como parte de la querella en la causa que involucra actos de lesión ambiental e investiga el terraplenamiento, la quema y la presencia de maquinaria agrícola en las Islas de las Lechiguanas en Gualeguay, Entre Ríos.
Desde la UIF señalaron que los incendios del Delta del Paraná ocurridos el año pasado, podrían haberse originado con el propósito de modificar el uso del suelo para siembras ilícitas y otro tipo de actividades que se encontraban vedadas.
De esta manera, mediante prácticas desleales, se podrían generar ganancias ilegítimas para luego ser incorporadas al mercado legal.
A comienzos del 2020, la enorme pérdida de biodiversidad ocasionada por miles de focos de fuego en las islas del Delta -que recorre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires- marcaron la agenda pública. Debido a un detallado trabajo realizado por la Prefectura Nacional sobre las Islas Lechiguanas, se observaron fumigaciones sobre el cultivo de maíz que ya tenían brotes de siembra. Asimismo, se determinó que los terraplenes de tierra -construidos por las maquinarias del lugar- poseían una extensión aproximada de 4.500 metros, rodeando grandes hectáreas de campo en las que se hallaban lagunas naturales, extintas actualmente por falta de conexión con los afluentes linderos.
El informe expone también grandes excavaciones que se conectan a tubos que atraviesan los terraplenes finalizando sobre los arroyos. Por las características que presentan los mismos, se estima que podrían utilizarse para que los fertilizantes y químicos vertidos sobre el campo (producto de las precipitaciones), sean vertidos en los arroyos.
La causa fue iniciada por los abogados Martiñena, Castillo y Maggi, fue presentada el 18 de septiembre de 2020 ante la Fiscalía Federal de Victoria a cargo del Fiscal Federal Carlos García Escalada. El expediente bajo el nombre “N.N. s/incendio u otro estrago (Art.186 Inc.1)” se encuentra en el juzgado Federal de Paraná Nº1, en Entre Ríos, en la Secretaría Penal Nº 2 que maneja el Juez Leandro Damián Ríos.
Por otro lado el organismo que conduce el Dr. Carlos Cruz también ingresó como parte querellante en otra causa vinculada a los delitos ambientales. Se trata de una denuncia por contaminación que recayó sobre la Cooperativa de Provisión de Agua Potable en el Pueblo General Belgrano.
La pesquisa iniciada por una denuncia que presentó el Fiscal interino a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Materia Ambiental (UFIMA),
indaga sobre la provocación intencional del vuelco de efluentes cloacales sin su correspondiente tratamiento por parte de la Cooperativa. Provocando contaminación en el río Gualeguaychú y el río Uruguay.
Desde la UIF enfatizan en que la Cooperativa, con el deficiente tratamiento de los efluentes, omitiría su obligación de desarrollar medidas preventivas para el cuidado al medio ambiente. Por tal motivo, indican que la investigación patrimonial centrada en los flujos económicos que genera su actividad, resultaría clave para establecer no sólo la magnitud del daño ambiental y su costo ulterior de reparación, sino también la cantidad de activos ilícitamente generados para su beneficio.
Asimismo, se ha requerido al Juez interviniente, la formación de Legajos Patrimoniales de los imputados a los fines de profundizar la investigación patrimonial sobre los flujos económicos que genera este accionar.
Para el Organismo de control, este es un caso que además de poner en riesgo la salud pública, también se estaría afectando gravemente la producción de los terrenos aledaños.
La causa tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay N° 1 bajo el expediente FPA 016213/2017 DENUNCIADO: COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO BELGRANO s/INFRACCIÓN LEY 24.051 (ART.55).
