Entre otros,
el empresario Lázaro Báez fue condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a 12 años de prisión por presuntas maniobras de lavado de dinero por USD 55 millones entre 2003 y 2015 y resta conocerse oficialmente cuál es para los jueces que tomaron esta decisión el delito precedente, que podría apuntar al lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner.
El hijo del empresario, Martín Antonio Báez, en tanto, fue condenado a la pena 9 años de prisión por considerarlo responsable lavado de activos agravado en carácter de coautor. También fueron condenados, con penas menores, los otros tres hijos de Lázaro.
A Leonardo Fariña, en cambio, sólo le tocó una pena de cinco años de prisión por considerarlo penalmente responsable de lavado de activos en carácter de coautor, pero con reducción de la condena por su amable condición de "arrepentido", ya que su testimonio fue lo que justificó las condenas.
La decisión se dio a conocer luego de que terminaran de escuchar las últimas palabras de los imputados, con las exposiciones de Martín Erazo y Juan De Rasi, dos de los acusados, que en ambos casos se quejaron porque, en el marco del proceso, el tribunal no había aceptado planteos realizados por sus defensas en relación a las pruebas.
"Termino con sabor amargo porque la mayor parte de la prueba que solicitamos con mi defensa, va a ser producida en otra etapa de este juicio, a posterior de que se dicte sentencia, y la realidad es que la pedimos para demostrar la verdad de los hechos, que muestran mi inocencia", señaló Erazo, vía la plataforma Zoom y a través de una transmisión en directo por Youtube.
En términos similares, De Rasi dijo: "Lamento no haber contado con las pruebas que habíamos pedido pero, así y todo, estoy seguro de mi inocencia porque sé lo que hice".
El dueño de Austral Construcciones tenía un pedido de 12 años de prisión por parte de la fiscalía, mientras que su defensa reclamó la absolución y calificó al caso como un "circo judicial".
Báez está con prisión domiciliaria desde septiembre pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó darle ese beneficio, y sigue las alternativas del juicio por videoconferencia, al igual que sus cuatro hijos. El mayor de ellos, Martín, está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del Tribunal, ante una denuncia por un intento de trasferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido. El hecho ocurrió cuando ya había comenzado el juicio, que todavía era presencial, en la sede de los Tribunales Federales de Retiro.
El juicio comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de ocho meses, pero se sumaron inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que, finalmente, la pandemia de coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo último hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.
El TOF4 es integrado por los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez. Como dio a conocer Página 12, el primero está abiertamente alineado con el macrismo y presionó fuerte a la segunda para que votara en consonancia con él, contra Báez. Tras dos notas de grandes medios contra ella, la magistrada cambió su decisión.
POR QUÉ PODRÍA SER LA BASE PARA AVANZAR CON EL LAWFARE CONTRA CFK
El TOF 4 no reveló durante la sentencia cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. Pero el fiscal Abel Córdoba había hablado de la causa de la obra pública, donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es una de las principales acusadas aunque en el juicio se está cayendo a pedazos la acusación, y de la evasión fiscal.
Fuentes judiciales le habría reconocido a Infobae que la intención sería esa: “Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública, la complican seriamente a Cristina”.
Es llamativo: hubo una dura sentencia contra Báez, que es tapa de los medios hegemónicos con títulos grandilocuentes, en la causa que los grandes medios llamaron "Ruta del Dinero K", a pesar de no haber ningún "K" involucrado, sin ex funcionarios ni dirigentes, sin que se hayan podido encontrar cuentas ni sociedades ni bóvedas ni dinero oculto de los Kirchner. Nada.
Pero peor que eso es que en el juicio específico en que se investigan las supuestas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz se está demostrando que no las hubo: los propios testigos de la fiscalía y las pericias reclamadas por todas las partes demostraron que el mínimo procentaje de trabajos no concluidos se debió al cambio de Gobierno en 2015 y, principalmente, todos coincidieron en que no sólo no hubo sobreprecios sino que los precios de las obras se encontraron siempre auditados de forma cruzada y dentro de los marcos del mercado.
Sin embargo, los trascendidos indican que aunque no lo hicieron público, los jueces Costabel y la presionada Palliotti votaron que el origen del dinero que habría lavado Báez fueron ilícitos en la obra pública, mientras que López Iñiquez sólo habría apuntado al delito tributario.
