Increíble, pero real, y no es el famoso programa inicialmente conducido por el actor estadounidense Jack Palance. Es que
la agrupación de lobby judicial ultramacrista "Será Justicia", que dirigen ex funcionarios del gobierno de Cambiemos, le pidió al Fondo Monetario Internacional y los principales organismos de crédito internacional que frenen sus negociaciones con la Argentina a pesar del grave perjuicio que una decisión de ese tipo provocaría para los intereses del país en plena pandemia y, más aún, a sus habitantes.
El argumento pasa el estatus de la presentación de insólito a escandaloso:
"Será Justicia" dice que no hay que prestarle dinero al país o reestructurar los pasivos de dejó Mauricio Macri porque consideran que en la Argentina hay un “grave debilitamiento institucional” por un supuesto "plan de impunidad" que tendría el Gobierno, principalmente a pedido de
Cristina Fernández de Kirchner.
Si esta acusación fuera probada, si hubiera algún elemento técnico para sostener tal cosa y si una situación de esa índole además justificara perjudicar al país, además queda afuera del análisis de "Será Justicia" el hecho de que el propio FMI, por ejemplo, reconoció en un paper -y en declaraciones de
Mauricio Claver Carone- que el abultado préstamo que le dio a Macri fue político y sirvió solamente para la fuga de capitales.
A pesar de esto, según una nota de Perfil, lo que ahora hace la agrupación judicial macrista es
solicitar que las entidades evalúen frenar las negociaciones existentes con el país ya que “la reestructuración de la deuda no puede focalizarse solo en metas macroeconómicas dejando de lado los compromisos de respeto a la institucionalidad, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción”.
Así, buscan que el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros, apliquen cláusulas de sus estatutos que establecen que también deben velar por cuestiones institucionales como la independencia de poderes -cosa que nada sostiene que no ocurra en la Argentina- antes de firmar acuerdos con el país, y así asfixiar las finanzas del país.
Si, por ejemplo, el board del FMI oyera a "Será Justicia" no debería mirar solamente las cuestiones macroeconómicas a la hora de negociar con los funcionarios argentinos sino también enfocarse en el tema corrupción y -llamativamente- sólo menciona causas y acciones de gobiernos previos a 2015. Ni los presuntos delitos de Macri ni la abierta injerenccia del ex president en la Justicia son parte del texto.
“Con el aval expreso o implícito del gobierno argentino, el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner (en adelante llamado ´kirchnerismo`), acelera la ejecución de un plan para apoderarse del Poder Judicial y de los organismos de
control institucionalesde la República Argentina”, sostiene la presentación.
Argumenta que la finalidad del plan es “lograr la impunidad en las diversas causas que la involucran junto con miembros de su familia y varios de sus allegados”.
Por si su línea editorial no quedara claro,
también son politólogos y tildan al kirchnerismo como un “régimen populista y corrupto” que “aborrece la república, la división de poderes y a los organismos de contralor”. Y lo acusan de instrumentar "las condiciones para que los corruptos no sean juzgados".
Los seis ejes del plan de "impunidad" del Gobierno, similares argumentos a los de Elisa Carrió en su pedido de juicio político contra CFK, serían: desplazar a los jueces que tuvieron o tienen intervención en las investigaciones de corrupción; desplazar al actual Procurador General de la Nación Interino, Eduardo Casal, mediante ´absurdas imputaciones tendientes a justificar un juicio político y planificar la cooptación política del organismo para afectar a los fiscales que actúan en casos presentes y futuros`; modificar la composición del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público para tener ´la mayoría que permita disciplinar a los fiscales`; "neutralizar a los organismos de control, investigación u otros, y colocar funcionarios afines, inclusive involucrados en los procesos en trámite”; promover una reforma judicial que solo "apunta a crear cargos innecesarios bajo el manto aparente y falso de dotar al fuero federal de mayor independencia y para instalar la idea de hacer modificaciones a la Corte Suprema de Justicia para asegurarse una composición afín y resultados en las resoluciones finales en las que deba intervenir”; llevar a cabo otras acciones de relevancia, tendientes a ´robustecer engranajes del Plan`, incluyendo una serie de ´acciones de represalia y venganza orientadas a desacreditar a quienes los denunciaron, investigaron y acusaron penalmente`.
Una de las dos personas que firman el pedido antiargentino es María Eugenia Talerico, ex número dos de la UIF durante el macrismo. La otra es el abogado siempre antiperonista Raúl Daniel Aguirre Saravia. Son la vicepresidenta y el presidente de "Será Justicia".
Según Perfil,
hubo sectores de Juntos por el Cambio que estuvieron al tanto del armado del insólito pedido pero que decidieron no acompañarla formalmente porque temen quedar como antiargentinos en un contexto delicado, justamente luego del fracaso de Macri y en plena pandemia. Podría decirse que en ese tienen razón, porque así se interpreta a pesar de no haber firmado el texto.
Será Justicia es una agrupación que nuclea a un grupo de abogados que suele competir en las elecciones internas tanto del Colegio de Abogados de la Ciudad como del Colegio Público de Abogados. Al presentarse en sus redes sociales aseguran que buscan “asumir su rol en la sociedad, velando siempre por el respeto a las instituciones y la democracia”.
Más allá de rol formal de Talerico en la gestión de Macri y una UIF que asesoraba a las empresas para evadir sin ser descubiertas y que proporcionaba información para robustecer denuncias contra dirigentes kirchneristas, la relación de "Será Justicia" con el macrismo es profunda, según Perfil.
Entre otras cosas,
se le atribuye "lobby" por la renuncia inducida de la ex procuradora con aval del Senado (a diferencia de Casal) Alejandra Gils Carbó, por e repentino apuro del juez Ariel Lijo por detener a Amado Boudou con show mediático y la suspensión del camarista Eduardo Freiler. Todo en 2017, cuando Macri atravesaba su relación más carnal con la Justicia.
A partir de diciembre de 2019 dejó de ser oficialista y, con JXC, pasó a la oposición. Impugnó todas las propuestas legislativas y de jueces, entre otros elementos, que provinieron del Gobierno del Frente de Todos.
Además de su cercanía con el macrismo, también se la caracteriza como vinculada a los "bufetes más poderosos de la Argentina (como Bulló y Cassagne), y al tradicional (y muy conservador) Colegio de Abogados de la calle Montevideo".
