La Corte Suprema rechazó hoy todos recursos presentados en el caso Ciccone y de esa manera dejó firme la condena de 5 años y 10 meses para el ex vicepresidente Amado Boudou, que había dictado un tribunal oral en 2018, a pensar de que por otro carril judicial se investiga si el testimonio de Alejandro Vandenbroele, fundamental para la sentencia, se produjo a cambio de un pago por parte del gobierno de Mauricio Macri.
Por el mismo expediente también habían sido condenados
José María Núñez Carmona, Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner, Guido Forcieri y el propio Vandenbroele (a menos años y el único que no apeló).
Núñez Carmona fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión, Nicolás Ciccone a 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo, Resnick Brenner a 3 años, y Forcieri a 2 años y seis meses. El tribunal también condenó al "arrepentido" Vandenbroele, cuyo testimonio significó la única prueba para vincular a Boudou en la operacion, pero sólo a 2 años de cárcel, por lo cual nunca será detenido.
Los jueces del TOF4 condenaron al ex vicepresidente en 2018 por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos, y ordenaron su inmediata detención por la compra de la calcográfica Ciccone por parte de la firma The Old Fund. Esas decisiones fueron confirmadas el año pasado por la Cámara de Casación, por lo que las defensas fueron en queja ante la Corte Suprema.
Rechazados los recursos, el expediente ahora pasará al juez de ejecución Daniel Obligado, el mismo que en abril le otorgó la domiciliaria a Boudou. Será Obligado quién deberá resolver si el ex vicepresidente se mantiene en la misma situación o debe volver a prisión, donde cursó parte del proceso sin condena firme.
La decisión de la Corte va por un carril distinto al de una investigación que podría voltear la causa por completo y dejar expuestos al gobierno de Macri y al propio sistema judicial. Es que
en febrero de este año, la fiscal federal Paloma Ochoa pidió que se investigue si hubo irregularidades detrás de la declaración de Vandenbroele, que terminó siendo una pieza fundamental para la condena de Boudou.
La presentación se realizó ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y fue a partir de una denuncia que hizo su par Lijo, quien llevó y lleva adelante el caso Ciccone. La denuncia de este último se hizo poco después de una nota dada a conocer por el portal El Destape, en la que se aseguraba y documentaba que "el macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, arrepentido clave para condenar a Amado Boudou”.
La documentación acreditaba que el arrepentido había solicitado 1.500.000 pesos al Programa de Protección de Testigos –que depende del Ministerio de Justicia, entonces a cargo de Germán Garavano– para un emprendimiento productivo y que había recibido parte del dinero solicitado.
