Mientras la mayoría de los medios explotan sus agendas con la problemática de la toma de tierras, que existe pero no es lo único que ocurre en la Argentina, se conoció una noticia escandalosa del mismo ámbito:
denunciaron a ex funcionarios macristas no por tomar terrenos, pero sí por subastarlos a precio de "amigos".
La Nación publicó que
la Oficina Anticorrupción (OA) realizó una denuncia penal nada más y nada menos que contra el ex jefe de Gabinete Marcos Peña, el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio y el extitular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) Ramón Lanús, entre otros ex funcionarios de primera línea que revistieron en el Gobierno de Mauricio Macri.
La acusación formal es por
negociaciones incompatibles con la función pública, acción que habrían llevado a cabo, según la OA, a partir de
la subasta -a lo que se conoce como "precio de amigo"- de campos en Córdoba y terrenos en la zona de Catalinas Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.
Según el mismo artículo, la causa recayó en el juzgado de
Julián Ercolini y el fiscal del caso es
Gerardo Pollicita, dos funcionarios judiciales más bien cercanos a la actual oposición.
La controversia, como ya se conoció con otros espacios, tiene que ver con el precio mediante el cual se subastaron los terrenos de Catalinas Norte -uno de ellos adquirido por el
Grupo Techint y otro por el empresario
Eduardo Costantini- y los campos ubicados en la localidad de Ordoñez, en Córdoba, adquiridos por productores agropecuarios de esa provincia.
Costantini fue noticia hace unos días por ser uno de los empresarios más enfáticos en rechazar la chance de tener que pagar el aporte extraordinario a las fortunas más grandes del país. Particularmente, en los últimos años el creador de Nordelta integró la nómina de las 50 personas más ricas de la Argentina, siempre rondando los primeros 20 lugares.
Esos valores fueron fijados de manera orientativa por el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), dependiente del Ministerio del Interior, en tanto que la AABE depende de Jefatura de Gabinete.
La denuncia formulada por la OA, ya lejos de las manos de la militante de Twitter Laura Alonso y ahora a cargo del fiscal Félix Crous, proviene de una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), actualmente en manos de Carlos Montero.
Según el mismo medio, en el entorno de Frigerio dijeron no tener conocimiento de la denuncia. Argumentaron que las decisiones administrativas como la estudiada en este caso necesitaban refrendo, y consideraron que por ser cuestiones de áreas que estaban bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, Frigerio refrendó por ser el primer Ministerio en el orden establecido por la ley de Ministerios.
Lanús, por su parte, también dijo no saber de la presentación penal formulada por la OA, pero dijo que es "feliz" y está "orgulloso del trabajo" que hizo durante su gestión, "con la conciencia tranquila de que se hizo con los más altos estándares de transparencia, desconozco la denuncia, no puedo opinar sobre el detalle de la denuncia".
