Así como ya son cuatro las causas judiciales que se abrieron este año y tramitan entre Lomas de Zamora y Comodoro Py en las que se investiga lo que podría denominarse como un sistema general de espionaje ilegal del gobierno de
Mauricio Macri, con la Agencia Federal de Inteligencia y otras fuerzas de seguridad como ejes,
ahora también se conoce el capítulo de la Provincia de Buenos Aires bajo conducción de Cambiemos: una denuncia y un expediente dan cuenta de una red de persecuciones y "pinchaduras" del mismo tipo, que funcionarían a partir de órdenes emanadas del Ministerio de Seguridad bonaerense que dirigía Cristian Ritondo en el marco de la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
Según un artículo del portal Letra P, se trata de una causa por espionaje iniciada a raíz de la denuncia presentada por el ex comisario Néstor Martin, en la que se dio cuenta de una red de espionaje ilegal que funcionaba en el corazón del gobierno bonaerense. Del llamado a indagatoria a Guillermo Berra, ex titular de Asuntos de Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, se desprende una extensa y polémica lista de presuntos espiados por la entonces policía de Vidal.
Allí figuran:
el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; su par de José C. Paz, Mario Ishii; el ex jefe comunal de Berazategui Juan Patricio Mussi; el ex juez penal César Ricardo Melazo; el jefe de asesores del ex ministro de Seguridad, Marcelo Rochetti.
Según el documento judicial al que accedió el mismo medio también aparecen tareas de inteligencia y seguimiento sin orden judicial sobre el “Poder Judicial bonaerense, la Policía Federal Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Lincoln, Municipalidad de Tres Arroyos, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires”.
También están en el expediente como víctimas del espionaje provincial las empresas Avances Médicos, Curavis S.R.L., Haras Dilu S.A. (propiedad de Néstor Otero, dueño de TEBA, terminal de Retiro y estación de Once, entre otras), Hipódromo Argentino de Palermo S.A., Fundación Compañía Social Equidad, Banco Santander Río S.A.
El escándalo salió a la luz el 23 de octubre de 2019 con el allanamiento a la sede de Asuntos Internos encabezado por la fiscal Cecilia Corfield. Allí también fue espiado un funcionario policial, marido de la fiscal. En ese procedimiento también se encontraron evidencias de espionaje sobre la fiscal Silvina Langone, quien estuvo a cargo del juicio oral por la triple fuga del penal de General Alvear que generó el primero de los cimbronazos políticos de Cambiemos en los ámbitos nacional y provincial desde fines de diciembre de 2015 hasta mediados de enero de 2016.
También se encontraron evidencias de espionaje sobre el defensor ciudadano adjunto de La Plata, Tulio Marchetto, esposo de la fiscal Langone, y parte de la familia de ambos.
Los siguientes pasos de esta voluminosa causa son muchos. El próximo 29 de junio Berra y su pareja, la abogada María Rosario Sardiña, deberán llevar su defensa frente a la fiscal que los indagará, acto que marcará el formal procesamiento de los ex funcionarios de la gestión Vidal.
Este expediente en la justicia bonaerense tiene su correlato en uno de los previamente mencionados, que se tramita en la justicia
Federal de Lomas de Zamora. Se trata de la investigación que cobró relavancia pública estos días en que el juez Federico Villena indaga una red de espionaje ilegal que, se sospecha, estaba bajo las órdenes del ex presidente Mauricio Macri y la AFI de su amigo Gustavo Arribas.
Allí, tanto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, coincidieron en solicitar ser querellantes. En el caso de la ex mandataria, se conoció un nexo directo entre los seguimientos de los que fue víctima y presuntos informes acerca de estos dirigidos hacia una funcionaria de extrema confianza del líder PRO en Casa Rosada.
