Tras un extenso período de idas y vueltas, de los pedidos del Estado argentino e YPF tanto durante el anterior como el actual gobierno para que la causa por la expropiación de la petrolera de bandera en 2012 pasara a la Argentina,
la jueza Loretta Preska -reemplazante del famoso magistrado fallecido que persiguió al país durante años, Thomas Griesa- falló en contra del país.
Con esa decisión,
la causa continuará en los Estados Unidos y la Argentina aumenta su riesgo de enfrentar un pago multimillonario, que en un principio se calculaba en USD 3.000 millones, pero otras estimaciones -de las partes- alcanzan un rango más elevado que en el peor de los casos podría tocar los USD 10.000 millones.
Los fondos de inversión
Burford Capital y Eton Park Capital, que le compraron al Grupo Petersen los derechos de litigio contra la Argentina, podrán con la decisión de Preska seguir avanzando en la justicia estadounidense con su multimillonario reclamo contra el gobierno argentino y la compañia petrolera por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que pertenecían a la firma española Repsol.
La decisión de Preska llega cuatro meses después de la última presentación realizada por el Gobierno argentino cuando todavía gobernaba
Mauricio Macri, el 7 de febrero pasado, para respaldar el pedido de traslado del caso a una corte en Buenos Aires.
Los abogados del Estado argentino y de YPF apelaron a la doctrina del forum non conveniens: le reconocieron la competencia a Preska, pero señalaron que otro magistrado, argentino en este caso, podría hacer mejor el trabajo.
La sucesora de Griesa siguió la línea de éste y dijo que no, que ella seguirá la causa: habrá juicio en Nueva York. Básicamente siguió el argumento del Estado argentino, pero al revés: en sus argumentos habló a favor de la competencia de la justicia argentina, pero cree que ella es la indicada para decidir quién tiene razón en esta causa.
Según versiones periodísticas que trascendieron, las autoridades del gobierno de Alberto Fernández, que continuaron por unos meses la estrategia judicial que había planteado la administración de Macri y que ya no tenía vuelta atrás, están estudiando el reciente fallo.
Según los trascendidos, se esperaba un resultado adverso por los antecedentes de la jueza: ya había considerado antes el tema de la jurisdicción, algo que también había hecho la Cámara de Apelaciones y el año pasado la Corte Suprema de EEUU prefirió no analizar el caso.
La decisión de Preska de hoy no es apelable, por eso les pidió que se pongan de acuerdo y se presenten en 14 días a su estrado con una propuesta para ver cómo sigue el caso. Se espera que la discusión sea acerca del dinero.
