Mientras el macrismo moviliza a sus dirigentes, legisladores y ex funcionarios sin responsabilidades de gestión para vender la existencia de un supuesto "plan para liberar presos" en medio de la pandemia del coronavirus, nuevamente suena la frase coloquial que sostiene que "dato mata opinión". En este caso,
un informe de la actual administración de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires asegura que "el gobierno de María Eugenia Vidal dejó una bomba en las cárceles" ya que "en cuatro años encarceló 13.000 personas, la mayoría de ellas por narcomenudeo, sin que construyera ninguna infraestructura para alojar a esos nuevos presos y presas".
Así lo reveló Página 12, dato que alimenta las afirmaciones de médicos y especialistas respecto de que la situación de hacinamiento en las instituciones carcelarias convierte a esos establecimientos en grandes focos de contagio de la infección de Covid-19, debido a que no hay distanciamiento posible y la higiene está ausente. A esto se agrega que los detenidos no son los únicos en peligro, sino que además hay miles de penitenciarios, empleados, cocineros, médicos, enfermeros, trabajando en estos lugares.
No obstante,
vale aclarar que la gestión de Kicillof no se manifestó en ningún momento favorable a liberar presos y, de hecho, negó tal intención y posibilidad. Sergio Berni, el ministro de Seguridad, aseguró que si fuera por él "no saldría ninguno". Julio Alak, titular de Justicia, negó "categóricamente" la existencia de "un plan para liberar detenidos" y recordó que "la Constitución y las leyes sólo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias".
En este sentido, cabe aclarar que la Procuración General es parte de ese poder judicial y ese cargo es un cargo político. Actualmente, continúa en ese puesto en la Provincia
Julio Conte Grand, el designado allí por Vidal.
Hasta este funcionario aseguró que "no existe un plan para soltar presos”.
El documento difundido desde La Plata contiene adjunto un estudio de Chequeado.com en el que se verifican dos datos adicionales: por un lado, que las plazas en las cárceles están en el orden de las 24.000 y los internos suman 50.000, lo que implica una superpoblación del 110%; por otro, que "durante la era Vidal, la tasa de detención pasó de 240 presos cada 100 mil habitantes a 308, mientras que la media nacional es de 194".
Los fiscales que conocen de cerca esa evolución sostienen que el acento estuvo puesto en el llamado narcomenudeo, es decir los pequeños dealers y, por supuesto, el número se agrandaba con consumidores. Supuestamente, los organizadores, los narcos de nivel, terminaron en el sistema federal, no en el bonaerense. La estadística se aumentó en base al narcomenudeo y eso es lo que explica otro dato estadístico: el 57% no tiene condena, está con prisión domiciliaria, y el 40% está preso por ese delito.
"Según datos oficiales, la población carcelaria creció un 33 por ciento en los últimos cuatro años, 13 mil nuevos internos, sin que se construyera la infraestructura necesaria. La superpoblación en dependencias policiales, por su parte, es superior al 300 por ciento, es decir que en comisarías hay tres veces más que las plazas previstas. Este crecimiento se explica en gran parte por la política de Vidal y sus ministros Gustavo Ferrari (Justicia) y Cristian Ritondo (Seguridad) de multiplicar las detenciones de perejiles por violación de la ley de Estupefacientes. Según la Casación bonaerense, esto llevó al encarcelamiento masivo de consumidores, incrementando exponencialmente la población carcelaria", dice el texto.
En un twit publicado ayer, el propio juez de Casación, Víctor Violini, que después de consultar con el resto de los magistrados firmó la resolución, dejó constancia de los términos del fallo: "El Habeas corpus colectivo que resolví no permite el arresto domiciliario de: delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia. Si dudan pasen por Casación y se le entregará copia de la Resolución".
