En los próximos meses podría haber novedades respecto de algo que hace semanas no sólo generó polémicas en la familia judicial sino también al interior del oficialismo por el concepto de "presos políticos". Es que
la defensa de Amado Boudou le pidió a la Corte Suprema de Justicia un "pronto despacho" en el que revise la condena contra el ex vicepresidente por la compraventa de la ex Calcográfica Ciccone y que se realice un nuevo juicio en un tribunal diferente que pueda ser afrontado por el ex funcionario en libertad.
Si bien el reclamo es reincidente dado que ya se produjo, ahora la presentación de los abogados
Alejandro Rúa y Graciana Peñafort cuenta con un nuevo elemento probatorio, lo que en jerga judicial es conocido como
“hecho nuevo”: el escándalo que se conoció por una nota de El Destape, según la cual surgió que
el gobierno de Mauricio Macri le proporcionó dinero ilegal a Alejandro Vandenbroele, cuyo testimonio fue clave para condenar a Boudou, como pago para que éste ponga un hotel boutique y lo explote.
El planteo de los letrados va en consonancia con la postura que mantiene Boudou y que pronunció públicamente, en el marco de la polémica por qué es un preso políticos y si los hay en la Argentina: quiere que se lo investigue sin persecución política, es decir, un juicio justo y no un indulto. Que esto ocurra o no y se dispersen las dudas fundadas sobre la justicia argentina depende de los jueces de la Corte Suprema.
Ahora, el pedido de la defensa del ex vicepresidente es que se
"revoque lo decidido, para que se ordene un nuevo juicio, ante otro tribunal, que deberá sustanciar la prueba entonces omitida, y que nuestro asistido deberá afrontar ya en libertad".
Anteriormente, la misma solicitud había ido a la Cámara de Casación Penal, que resolvió el año pasado, por unanimidad. confirmar el fallo del Tribunal Oral Federal 4 que ordenaba la ejecución formal de la pena sobre Boudou en la causa Ciccone, condenado a 5 años y 10 meses de cárcel por la venta fraudulenta de la ex calcográfica.
En este contexto, el TOF 4 hizo lugar a un planteo de la defensa que solicitó que se le compute a Boudou el tiempo que estuvo detenido por primera vez, es decir del 3 de noviembre de 2017 al 17 de enero de 2018, como parte de la sentencia dictada el año pasado en su contra. Así, le redujo casi tres meses el tiempo que ex vicepresidente de Cristina Kirchner tendrá que pasar en la cárcel.
La decisión del máximo tribunal penal fue apelada por los abogados de Boudou y este miércoles pidieron un "pronto despacho" ante la Corte Suprema de Justicia para que revise la condena y la prisión del ex vice.
El "hecho nuevo" que juega como as de espadas de la defensa del ex vice es el pago a Vandenbroele, "arrepentido" fundamental para el veredicto del TOF 4, llegó justo después de que se lograra la condena de 5 años y 10 meses. El marco de este manejo de fondos públicos para presuntamente direccionar declaraciones fue el Programa de Protección de Testigos, que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia que encabezaba Germán Garavano.
El ejecutor directo de la maniobra fue el policía porteño Carlos Linsalata, según el mismo medio. La coordinación la ejercieron Francisco Lagos, Guilermo Grescia y Juan Rebollo, autoridades del Programa de Protección de Testigos hasta entrados 2 meses de la gestión de Alberto Fernández.
En este pedido a la Corte, la defensa de Boudou remarcó que el propio juez Ariel Lijo tomó en cuenta la nueva información sobre el pago que recibió el "arrepentido" y pidió que se investigue. No es un dato para nada menor, ya que el juez Lijo fue quien elevó a juicio el caso Ciccone y homologó el acuerdo con Vandenbroele. El caso fue a sorteo y le tocó al fallecido Claudio Bonadio, como todas las causas contra dirigentes kirchneristas. Ahora el expediente está en manos de su reemplazo, Marcelo Martínez de Giorgi.
