Finalmente y a pesar de las interminables dilaciones, el juez federal
Ariel Lijo ordenó la realización del
“informe técnico” que había anunciado hace un mes para
determinar si el frustrado acuerdo de 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y el Correo Argentino, propiedad de la familia presidencial, configuraba una estafa al Estado al implicar una quita del 98,2% a favor de la firma y una pérdida de recursos públicos por $ 70.000 millones para 2033.
De este modo, tras el aval de la Cámara Federal porteña a la investigación que lleva adelante Lijo para determinar si el acuerdo que el Gobierno ensayó para que el Grupo Macri saldase su deuda con una contundente quita en perjuicio del Estado y en favor de la compañía de la familia presidencial, se ordenó un "informe técnico contable" para determinar si hubo irregularidades en esa propuesta.
Lo hizo en el marco de la causa penal que se instruye contra funcionarios del gobierno, entre ellos el ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, quien fue indagado en abril pasado y aún tiene pendiente la resolución de su situación procesal.
El magistrado pidió a la justicia Comercial que le envíen el cuerpo principal del expediente del concurso de acreedores del Correo Argentino. Así, dispuso la realización del estudio que analizará la deuda de la empresa y los términos del acuerdo que había alcanzado con el Gobierno, para determinar si fue "abusivo". Eso último fue lo que denunció la fiscal general de ese fuero, Gabriela Boquín, quien a través de un recurso de queja generó que ese pacto se suspendiera.
El informe fue encomendado por la
Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la
Corte Suprema, una vez que las partes del caso respondan si tienen puntos técnicos que pretenden que sean abordados en el estudio.
“Se debería analizar el efecto de la presentación en concurso preventivo de la firma Correo Argentino S.A. sobre los intereses de los créditos adeudados, que fueron verificados y/o declarados admisibles en el expediente donde tramita en concurso”, sostiene la resolución de Lijo.
Además, sostiene que "se deberá describir las propuestas concordatarias efectuadas por la concursada al Estado Nacional con anterioridad al 28 de junio de 2016, teniendo especialmente en cuenta el capital, número de cuotas, tiempos de espera –si los hubiere- e intereses fijados en cada una de ellas”.
“Posteriormente, se deberá realizar una comparación entre ambas”, precisó Lijo.
Boquín se opuso a la aprobación del acuerdo entre la empresa y el Estado al advertir que era desventajoso para las arcas públicas, hecho que luego generó la denuncia penal que cayó en el juzgado de Lijo. El dictamen de la fiscal detuvo las negociaciones, lo cual "salvó" al erario público de la estafa y el pago jamás se concretó.
Cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (Sociedad Macri, 67%) y socios minoritarios. Pero el Correo no pagó el canon y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los 296 millones de pesos y entró en concurso de acreedores.
En 2003 el Correo fue estatizado por el entonces presidente Néstor Kirchner. A raíz de la deuda de Socma se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones más los interes en concepto de actualización.
Juicios de la empresa hacia el Estado mediante, en junio de 2016, cuando Macri ya estaba en la Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. A fines de 2017, la fiscal Boquín rechazó esa propuesta por considerarla "ruinosa, abusiva" y cuya "irregular aceptación" perjudicaba "gravemente el patrimonio del Estado nacional".
El argumento de la fiscal sostenía que dicho acuerdo implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del presidente, y un perjuicio multimillonario para el Estado. Además, calculó en más de 4.000 millones de pesos la pérdida para el Estado, que provocaría la "condonación de la deuda" que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, monto que llegaría a los 70.000 millones de pérdida en el año 2033.
Esto derivó en la causa penal que tiene a su cargo Lijo, donde están imputados Aguad; el entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa; el presidente de la empresa de la familia presidencial, Jaime Cibils Robirosa; y el abogado de la firma Jaime Keidermarcher.
