"No soy tan engreído en creer que esa campaña es por mí. En realidad fui uno de los elegidos para atacar el modelo de país inclusivo, justo y soberano que soñó Néstor Kirchner". Así, en uno de los pasajes de su declaración en el marco del juicio por presunto lavado de activos ante el Tribunal Oral Federal 4 -la mediáticamente llamada "Ruta del dinero K"-,
Lázaro Báez resumió lo que siempre dijo: que el gobierno de Mauricio Macri lo presionó, enjuició y encarceló, acusándolo de delitos que no cometió, con el propósito de usarlo para atacar y detener a Cristina Fernández de Kirchner.
El empresario santacruceño aseguró este mediodía que lo pusieron "en una encerrona" para lograr que acusara a la "señora Cristina Kirchner y su gobierno" en un "ataque al modelo de país que imaginó Néstor", al rechazar los cargos en su contra en su declaración indagatoria en el juicio por presunto lavado de activos ante el TOF 4.
"Me arrinconaron para que involucrara a la expresidenta", sostuvo. El detenido señaló, además, ser
"víctima de una campaña atroz" por parte de los distintos poderes reales de nuestro país", al leer un documento para "esclarecer" su situación en los tribunales federales de Retiro. "Fui uno de los elegidos para atacar el modelo de país justo, inclusivo y soberano que soñó Néstor Kirchner", agregó ante los jueces.
Báez llegó temprano desde la cárcel de Ezeiza y esperó más de una hora para el inicio de su indagatoria, mientras declaraba otro de los imputados, Eduardo Castro. En el inicio de su exposición, que estaba redactada previamente, dijo que fue víctima de una “persecución mediática y política” y habló de una campaña de los servicios de inteligencia en su contra:
“Nunca fui testaferro de Néstor Kirchner ni de su familia. Soy una víctima de la campaña atroz por parte de los poderes reales”.
Según el empresario, esa supuesta campaña
“incluyó la detención de políticos y empresarios” y tuvo que ver con su cercanía con el ex presidente Kirchner y
“por encarnar la pelea contra la cartelización de la obra pública”.
El empresario aseguró que fue detenido “injustamente” y su familia “fue objeto de una persecución”. “Destruyeron a mi familia y las actividades de mis empresas, fui acosado por el servicio de inteligencia a la orden del actual gobierno, para que involucre al peronismo y a la ex presidente”, agregó.
En el tramo central de su declaración, Báez denunció una supuesta operación coordinada por la AFI para que se arrepienta, desde el comienzo de la causa judicial.
“En un control oftalmológico (dentro de Ezeiza), se me acerca una mujer, la doctora Balbin, acompañada por dos personas de traje. Dijo que venía en nombre de Macri y (Silvia) Majdalani”, arrancó el relato. Y continuó:
“Me dijo que si yo colaboraba, mis hijos no tendrían problemas. Tenía que decir que era el testaferro de la familia Kirchner".
En ese momento, el empresario pidió que que reprodujeran varios audios donde se escuchaba al fiscal Guillermo Marijuán, protagonista de la investigación en la etapa de instrucción. Esos audios ya habían trascendido públicamente a fines de 2016. Ante una consulta del presidente del tribunal Néstor Costabel, la abogada del empresario dijo que los audios forman parte de un expediente judicial.
Báez continuó dando detalles de la supuesta maniobra en su contra y contó cómo fue una polémica visita que recibió en la cárcel. Según el empresario,
el periodista Luis Gasulla -militante macrista, sumamente vinculado a los servicios de inteligencia y habituado a la difusión de noticias falsas- fue a visitarlo a prisión con dos objetivos configurables como delitos: ofrecerle una reunión con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y darle un guión con lo que debía decir involucrando a Cristina.
“Me ofrecieron reunirme con Garavano, el que me trajo la propuesta fue el periodista Gasulla”, afirmó Báez. Al trascender la declaración del empresario, el mencionado periodista negó todo y dijo que tiene que soportar "infamias, mentiras y pavadas".
Según el cronograma previsto por el TOF 4, en la próxima audiencia deberían comenzar los alegatos pero todavía faltan varias indagatorias y hay dudas si las querellas podrán alegar antes del cambio de gobierno. De hecho, el tribunal ya programó para el próximo miércoles la indagatoria del contador Daniel Pérez Gadín, quien mantuvo un fuerte entredicho con el presidente del TOF.
