Mientras América Latina tiembla dado que las profundas crisis económicas y sociales de ajuste en Ecuador, Perú y Chile encuentran violentas represiones como respuesta de los gobiernos conservadores de esos países, en la Argentina se conoció un informe de la CTA que arroja graves cifras respecto del conflicto social:
entre 2015 y este año, la gestión de Mauricio Macri metió presa una persona por día por protestar y al menos cinco personas fueron asesinadas en hechos de violencia estatal a manos de fuerzas federales.
Según el
"Informe sobre criminalización de la protesta social en la Argentina (2016-2018)" elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma junto con Liberpueblo,
durante los primeros tres años de gobierno de Macri al menos 1452 manifestantes fueron detenidos en protestas, la mayoría realizadas en el contexto de demandas vinculadas al trabajo, período que acumularía 1095 días.
Un dato que parece ser distintivo de este tipo de respuesa política en respuesta al conflicto social pero que a la vez no es sorprendente es que
los arrestos fueron asumidos como deseables, positivos y avalados por las más altas autoridades de la gestión de Juntos por el Cambio. Claramente, esto se encarna en términos de gestión en la figura de la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, pero en lo político y electoral encuentra su correlato en el candidato a vicepresidente
Miguel Ángel Pichetto.
Las detenciones como patrón de respuesta a las manifestaciones fueron aumentando en número año a año y, de alguna manera, terminaron naturalizadas por la fuerza de la repetición. Como parte de la misma estrategia, el Gobierno hizo reiterados intentos de convertir a quienes se manifestaban en enemigos a ser combatidos.
“Los funcionarios del gobierno nacional pasaron a reivindicar la utilización de la violencia estatal como respuesta al conflicto sin ningún tipo de mediación”, definió Luis Campos, coordinador del Observatorio.
Sobre los arrestos, los investigadores encontraron
características tan graves como repetidas: en general,
se prolongaron más allá del tiempo legal necesario, tendieron a incomunicar a los detenidos sin justificación, en las comisarías los abogados tuvieron trabas para constatar la situación de los presos y desarrollar sus defensas.
CAUSAS DE LAS DETENCIONES
Según el trabajo de la CTA,
la mayoría de las represiones y arrestos se produjeron durante manifestaciones con demandas relacionadas con el trabajo. “Al hacer el relevamiento, asociamos cada hecho de protesta a sus motivos”, explicó Jimena Frankel, investigadora del Observatorio.
En el rubro Demandas laborales fueron incluidos no sólo los reclamos de los trabajadores formales (por ejemplo, por despidos o por aumentos de salarios), sino también los de los trabajadores de la economía popular por planes de empleo, o de mejoras en el monto de los programas, o para denunciar la caída de planes.
Ejemplos de masivas movilizaciones en este rubro es aquella contra la reforma laboral y previsional de diciembre de 2017.
Las represiones y detenciones en el marco de protestas vinculadas a la pérdida del trabajo o derechos laborales sumaron el 53 por ciento del total.
En segundo lugar aparecen los detenidos por reclamos de tierra y vivienda, con un 22 por ciento de los casos. Lo distintivo de este caso es menos la cantidad, y más las respuestas represivas más violentas.
Otros dos datos reflejan cuál fue la indicación del Estado a las fuerzas de seguridad: el 6 por ciento de los reprimidos y arrestados lo fueron por haber salido en defensa de sus dirigentes (por caso, de manifestantes que fueron a reclamar la liberación de detenidos a la puerta de una comisaría). Y se instaló, en la represión de manifestaciones masivas, la práctica de las detenciones al voleo, que incluyeron a transeúntes que pasaban por el lugar.
LOS MUERTOS DE LAS REPRESIONES DE MACRI
Si más reprimidos fueron los que reclamaron por trabajo, los picos de la violencia estatal ocurrieron ante acciones por el acceso a la tierra, y en especial contra los pueblos originarios. Los casos más conocidos fueron la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, producida en 2017 durante la represión de Gendarmería a la comunidad mapuche en Cushamen, y después el asesinato de Rafael Nahuel en un operativo de la Prefectura Nacional.
“En ambos casos no sólo la represión fue organizada por fuerzas de seguridad federales, sino que los responsables políticos reivindicaron públicamente el accionar de dichas fuerzas y llevaron adelante medidas para entorpecer las investigaciones, desprestigiar a las víctimas, a sus familiares y a los organismos de derechos humanos que se involucraron en ambos casos”, remarca el informe.
De 2016 a 2018 fueron asesinadas cinco personas en hechos de represión, cuatro de ellas por reclamos de tierras. A Maldonado y Nahuel se sumaron las muertes de Rodolfo Orellana (en el desalojo policial de un intento de tomar terrenos en el conurbano), Héctor Reyes Corvalán (que murió por las quemaduras e impactos de balas de goma recibidos durante el violento desalojo de tierras en Santiago del Estero). El quinto caso fue el de Ismael Ramírez, un niño de 13 años asesinado en el Chaco tras un reclamo por tarjetas de alimentos en un supermercado.
