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Tras el contundente reclamo de urgencia de todos los sectores políticos opositores, de espacios de la sociedad civil, la Iglesia y las provincias,
la Cámara de Diputados aprobó el proyecto consensuado sobre emergencia alimentaria impulsado por la mayoría de los bloques opositores, a través de una sesión de la que tuvo que participar hasta el oficialismo e incluso aceptó apoyar la iniciativa.
Hubo
222 votos afirmativos, ningún voto negativo y una abstención de la diputada Mónica Schlotthauer, del Frente de Izquierda (FIT). La votación se llevó a cabo luego de un debate breve en el que hablaron los presidentes de los bloques y uno de los legisladores de cada espacio. La dinámica se acordó entre los diferentes sectores políticos.
Luego del pedido de
Nicolás Del Caño (FIT) para tratar otros temas durante la sesión parlamentaria,
Daniel Arroyo (Red por Argentina) afirmó:
"Estamos hablando de una ley que ayudar a ponerle un piso a la caída social, es evidente que hay un problema de hambre en Argentina, hay un problema de malnutrición. Estamos ante una etapa difícil, nadie tiene que encender la mecha, nadie tiene que tirar la piedra".
Por su lado, el dirigente social y legislador macrista
Héctor "Toty" Flores afirmó que el oficialismo acompañaría el proyecto, aunque afirmó no
"coincidir con la magnitud de la situación que se está viviendo". Y agregó: "Es necesario acompañar a la gente que está sufriendo con la crisis cambiaria del año pasado y que se ha profundizado con la crisis post PASO".
"Pasaron varios Gobierno desde la declaración de la Emergencia Social, 18 años en la Argentina, donde no se resolvió el problema de la pobreza estructural que este gobierno, con las obras que está haciendo, cloacas, asfalto, lo venía haciendo en los dos primeros años de gestión", dijo, como para intentar argumentar que el Gobierno habría impulsado políticas destinadas a los sectores de menores ingresos, y agregó: "Hubo emergencia social cuando la economía no crecía y hubo emergencia social cuando crecía a tasas chinas y el precio de la soja era de 600 dólares".
En el tramo final de la sesión, hablaron los presidentes de los bloques.
"La cara más cruel de la crisis es la de los que menos tienen. Hoy estamos dando una respuesta por parte del Estado a una demanda creciente que ha sido solicitada por diferentes sectores sociales", sostuvo
Agustín Rossi.
Poco antes, el salteño
Pablo Kosiner, del bloque justicialista dijo que "no es ilógico pensar que estemos en una emergencia alimentaria porque es una consecuencia lógica de la falta de crecimiento en Argentina y de un plan económico que ha fracasado".
La iniciativa, que se consensuó en base a más de diez proyectos presentados por diferentes bloques, plantea la prórroga del decreto 108 firmado por Eduardo Duhalde en 2002 y que se extienda hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional e impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.
También establece "un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, indicaron fuentes parlamentarias.
Además, faculta a la Jefatura de Gabinete "a partir del 1 de enero del año 2020 y hasta que dure la emergencia, a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición", tomando como referencia los aumentos del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, del Indice de Precios al Consumidor y la variación de la canasta básica que elabora el INDEC.
A último momento diputados de La Pampa pidieron la inclusión del artículo N°7 que establece que se deberá tener en cuenta los criterios establecidos en el art. 6 del Decreto 108/2002, el cual enuncia: " Los recursos del Programa de Emergencia Alimentaria se distribuirán entre las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la siguiente manera: CUARENTA POR CIENTO (40%) en función del porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza y el SESENTA POR CIENTO (60%) restante de acuerdo con los coeficientes de coparticipación establecidos en la Ley N° 23.548 y el Decreto N° 702 del 1° de julio de 1999".
