En impensada coincidencia con la línea discursiva sostenida durante la administración Cambiemos por el presidente
Mauricio Macri y los fondos buitres que litigan contra el país respecto de que la nacionalización de YPF "fue un robo",
la Corte Suprema de los Estados Unidos finalmente le dio un duro revés a la Argentina al desestimar el pedido para que una demanda por la estatización de la petrolera nacional se resuelva ante los tribunales argentinos y de esta forma confirmar la jurisdicción en Nueva York.
Sin embargo, como si coincidir con los argumentos de aquel que litiga contra uno sea poco,
la gestión de la firma petrolera de bandera designada por el gobierno nacional decidió endeudarse bajo jurisdicción neoyorkina el mismo día que la Corte norteamericana determinó que el juicio por la expropiación sea en Nueva York, cosa que se supone que el Ejecutivo quería evitar.
LA DECISIÓN DE LA CORTE DE DONALD TRUMP
El fallo del máximo tribunal de justicia de EEUU significa que
el país se enfrenta a la posibilidad de tener que pagar hasta USD 3.000 millones en el juicio que mantiene con el fondo Burford. Así, el expediente volverá al tribunal de
Loretta Preska en el segundo distrito Sur de Nueva York, heredera del verdugo de la Argentina,
Thomas Griesa, en el juicio que había iniciado anteriormente el “buitre” Paul Singer.
La situación se generó el 22 de mayo pasado, cuando el Gobierno de
Donald Trump, a través del procurador federal Noel Francisco, resolvió recomendar a la Corte que el juicio que se le sigue al país por la manera en que se reestatizó la petrolera, permanezca en los tribunales norteamericanos.
El tribunal de ese país no hizo lugar al certiorari interpuesto por los abogados que representan los intereses de la Argentina, tanto de la empresa como del macrismo, encabezados por el Procurador del Tesoro
Bernardo Saravia Frías y por el director de YPF y operador judicial del Presidente, F
abián "Pepín" Rodríguez Simón. Los dos están ahora en Nueva York operando en territorio la decisión de la justicia de ese país.
Según un artículo de Clarín, el analista de Research for Traders y especialista en el tema YPF Sebastián Maril aseguró que -en una metáfora futbolera, la Argentina iría "perdiendo tres a cero". La sentencia del académico hace referencia a los tres fallos en contra que Argentina recibió por parte de la justicia nortamericana en el llamado "caso Petersen" por la estatización de YPF.
Así las cosas, Maril dijo que "hay pocas chances" de que Argentina pueda darlo vuelta, aunque todavía "hay vías legales" para seguir discutiendo.
Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos definiera que la controversia judicial por la expropiación de YPF debe dirimirse en los tribunales neoyorquinos,
el Estado argentino presentará, según versiones periodísticas, hoy mismo un escrito para solicitar que juicio comience inmediatamente. Los negociadores argentinos consideran que la Argentina tiene “buenos argumentos técnicos” para pelear una batalla contra el Fondo Burford por 3.000 millones de dólares que puede extenderse por unos seis años.
Curiosamente,
desde que llegó Macri a la Casa Rosada las ideas que expuso el Gobierno al interior del país no parecieron defender los "buenos argumentos técnicos" que ahora mencionan.
"La confiscación del 51% de las acciones de YPF fue fraudulenta e ilegal", dijo, por ejemplo,
Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción PRO, en una entrevista con el periodista oficialista Eduardo Feinmann por radio La Red a mediados del año pasado. Por si fuera poco claro su concepto, agregó que
"fue un robo".
Justamente la supuesta ilegalidad de la expropiación es el argumento de los fondos buitre que reclaman compensación económica a la Argentina, idea que la Corte de EEUU avaló hoy al impedir a la Argentina traer la jurisdicción de la demanda a Buenos Aires.
En esa línea habló el propio Macri desde el inicio de su gestión, como cuando el año pasado le dijo a la televisión española que
"fue un error muy grave haber confiscado una empresa como hizo el gobierno anterior para luego ir al Congreso y convertir eso en una expropiación" y agregó que
"eso generó daño en la relación" con ese país.
Curiosamente, la administración macrista se pronunció en ese sentido ante la prensa nacional y la extranjera, pero desde que se inició la contienda judicial en 2015 tanto la defensa de la gestión kirchnerista como la actual sostienen en la causa que se trató de una decisión soberana.
SOMETERSE A LAS LEYES DE NUEVA YORK, MALO PERO BUENO A LA VEZ
Minutos antes del revés de la Corte Suprema de Donald Trump por el juicio de expropiación de YPF que mantuvo el litigio en Nueva York, YPF anunció que volverá a endeudarse en los mercados internacionales, justo bajo legislación de Nueva York.
Según anticipó Research for Traders,
la petrolera nacional emitirá deuda por USD 500 millones en bonos a 10 años con una tasa de aproximadamente 9% en dólares, con vencimiento en junio de 2029.
Si se concreta esa colocación de deuda internacional, sería la primera de un emisor local desde abril de 2018, cuando la transportadora de gas TGS emitió USD 500 millones a 6,75% para refinanciar deuda vieja e impulsar el crecimiento en Vaca Muerta. Las entidades colocadoras del bono de YPF serían el Citi, HSBC e Itaú.
Según información de fuentes de la empresa al mismo medio, se trataría de una "ampliación" de deuda en dólares, que ya fue comunicada a los inversores antes de la decisión de los supremos norteamericanos.
De todos modos, la aclaración de la empresa respecto de que el nuevo endeudamiento con ley neoyorkina fue previo a la decisión de la Corte de EEUU parece insólito, ya que la determinación del máximo tribunal estadounidense era sumamente previsible.
Según anticipó el economista y director de RfT Gustavo Neffa, será un crédito calificación B2 (Moody’s) y B para Standard & Poor’s, bajo legislación Nueva York.
