Mientras la causa avanza en Dolores a través de la investigación del juez
Alejo Ramos Padilla y se abren más y más aristas que involucran espías formales y para-estatales, dirigentes políticos y judiciales, y hasta periodistas vinculados al oficialismo,
el presidente Mauricio Macri dio un paso fundamental en su afán por proteger al fiscal Carlos Stornelli del escándalo por espionaje ilegal y extorsiones y, de esa forma, salvar la causa de las fotocopias de los cuadernos.
El Procurador general de la Nación interino
Eduardo Casal, hombre puesto a dedo allí por Macri sin pasar por el Congreso, concretó el sorteo para completar el tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal el pasado 26 de marzo. Es decir, el cuerpo judicial que juzga a los fiscales acusados de delitos que cuestionan sus funciones.
Tal como informó Página/12,
Casal dejó conformado el cuerpo a través de la resolución 20/19, mantenida en secreto, con dos vocales titulares y dos suplentes. Como titulares, se eligió al doctor
Juan Carlos Paulucci, Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, y a la doctora
María Alejandra Obregón, Fiscal Federal de Mendoza.
Fuentes de la Procuración cuestionaron ante el mismo medio que
el sorteo no fue registrado, es decir que no fue filmado, ni tampoco hubo testigos que garantizaran la transparencia del mismo.
Fuentes de Comodoro Py con deseo de mantenerse en reserva dijeron a Política Argentina, directamente, que en el marco de la situación de Stornelli y la gravedad del caso se trata de un "escándalo, sin ninguna dudas".
Otra de las normativas violadas fue que el sorteo no se publicitó, es decir no se dio a conocer, ni antes ni después de hacerse.
"Fue entre gallos y media noche", advirtieron a P12. Como todo acto público, si se hubiera seguido la ley y se hubiera publicado una resolución para dar a aconocer el sorteo, habría sido posible que estén presentes los interesados, como por ejemplos los fiscales que están siendo juzgados.
QUIÉNES SON LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL AMARILLO
Paulucci es incuestionablemente cercano al Gobierno, amarillo de pura cepa:
fue designado por Casal como fiscal general en la estratégica Cámara del Trabajo. Por si eso fuera poco,
es el hijo de un ex Secretario de Estado del Ejecutivo de Macri. Juan Pauluci padre fue hasta hace poco secretario de Seguridad Social, vinculado personalmente al ex ministro Jorge Triaca.
De hecho, su propio hijo, quien ahora podría juzgar a Stornelli, era el encargado de controlarlo desde su cargo en la Cámara de Apelaciones de Seguridad Social. Un hecho evidentemente insólito.
Paulucci padre
Por su lado,
Obregón tiene una excelente relación histórica con la UCR mendocina. La fiscal tuvo que enfrentar duros cuestionamientos por su accionar en causas de lesa humanidad y recibió apoyo, a pesar de la gravedad de ser acusada de estar en contra de políticas de Estado en materia de DDHH, del radicalismo de esa provincia.
En tanto, en el mismo sorteo se designaron los vocales suplentes. Se trata de la también mendocina María Gloria André, Fiscal General ante los Tribunales Orales en los Criminal Federal de esa provincia; y de Martín López Perrando, fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional.
Perrando, por otra parte, fue el fiscal que llevó a cabo la investigación que llevó al proceso de varios integrantes de la cúpula del Sindicato de Camioneros, que encabeza el sindicalista opositor que el Gobierno quiere preso Pablo Moyano, por los supuestos delitos de "extorsión y asociación ilícita".
El resto del Tribunal de enjuiciamiento de la Procuración está conformado por Cesar Antonio Grau, en representación del Senado; Francisco Javier Panero por la Federación Argentina de Colegios de Abogados; Laura Calógero por el Colegio Público de Abogados. Por el Consejo Interuniversitario Nacional figura Omar Palermo Ércoli, mientras que Juan José Benitez es el representante del Poder Ejecutivo.
Allí aparece un suplente por el PEN que es de lo más amarillo posible, como Juan Bautista Mahiques, una de las espadas judiciales a las que más echó mano el Gobierno para operar en la justicia. Se trata del representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y quien, en esta misma causa que ensucia a Stornelli, encabezó el pedido de jury contra Ramos Padilla en ese órgano.
CÓMO SE LLEGARÍA A UN JUICIO A STORNELLI EN EL TRIBUNAL QUE LE ARMÓ MACRI
El proceso de remoción de un funcionario judicial dependiente de la Procuración está previsto en la ley del Ministerio Público. La norma establece que los funcionarios judiciales sólo pueden ser removidos por ese tribunal de enjuiciamiento que funciona dentro del marco de la Procuración.
El cuerpo se forma por siete miembros: un vocal designado por el Poder Ejecutivo; un representante del Senado de la Nación; uno por el Consejo Interuniversitario Nacional; dos vocales en representación de los colegios de abogados y los dos del Ministerio Público designados por sorteo. Estos dos últimos son los que fueron sorteados la semana pasada ya que los anteriores tenían sus mandatos vencidos. Sus cargos duran tres años.
Para iniciar un jury contra un fiscal, el Consejo Evaluador primer debe pedirle al Procurador que avance.
Parece difícil esto en el caso de Stornelli, ya que la decisión de Casal fue respaldar al fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos y, en las sombras solamente, explorar reemplazarlo por otros hombres de confianza PRO. Incluso le habría ofrecido al ex empleado de Macri en Boca que los eligiera, pero estas alternativas naufragaron.
Casal, además,
lejos de iniciar el proceso de jury, solo llamó a Stornelli a su oficina con el pedido de una explicación formal de por qué no se presentó a ninguno de los cuatro llamados a indagatoria de Ramos Padilla, en la causa por la red de espionaje ilegal y las extorsiones. El fiscal tiene diez días para responder, cosa que todavía no pasó y plazo que aún no se cumplió.
Para destituir a un fiscal,
se necesitan al menos cinco votos de esos siete miembros.
Con las designaciones amarillas hechas de forma sospechosa más el representante del Poder Ejecutivo en el Tribunal de Enjuiciamiento, Macri ya tendría casi "cocinada" esa mayoría y, de esta forma, bloqueada una eventual destitución del rebelde Stornelli.
Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción macrista, con Stornelli
El riesgo de Macri para ordenarle este procedimiento a Casal tiene un valor central para Cambiemos:
el jefe de Estado está en campaña y mide mal, y sabe que la causa de las fotocopias es su arma mediática más importante contra el kirchnerismo y, hasta más ampliamente, contra el peronismo.
Si de una u otra forma se produjera la salida de Stornelli,
automáticamente lloverían a Claudio Bonadio pedidos de hacer caer la causa y, hasta para el polémico juez y para la controvertida Cámara Federal que timonea Martín Irurzun, se volvería cada vez más complejo rechazar los pedidos de nulidad de un expediente en que el fiscal que investigó tuvo que irse acusado de espiar y extorsionar imputados.
