En los últimos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que encabeza el oficialista
Carlos Rosenkrantz tomó una "decisión salomónica" al, por un lado, favorecer a Cambiemos limpiando al jefe de los espías
Gustavo Arribas de una polémica causa de corrupción vinculada al Lava Jato brasileño, pero, por otro lado, pegarle al obligar al Gobierno a pagarle $15.000 millones a San Luis en concepto de coparticipación.
Tal como muestra el avance de los expedientes y el tiempo que llevan en danza en la sede de la cabeza del Poder Judicial, la decisión sobre San Luis empujará otra análoga sobre Santa Fe, pero mucho peor para el Ejecutivo porque lo que está en juego para la provincia de
Miguel Lifschitz son $45.000 millones.
“Si Santa Fe se apura con las presentaciones, ese fallo sale rápido, porque lo que le falta a ese expediente es que el interesado lo impulse”, le dijo a Clarín uno de los ministros de la Corte que votó a favor del gol de
Alberto Rodríguez Saá al macrismo.
Sin embargo,
lo que hace temblar a Mauricio Macri es que el próximo martes los cinco supremos de la Corte se reunirán para seleccionar de qué casos se ocuparán en los próximos tres meses y los temas en agenda podrían golpear económica y políticamente a la alianza de gobierno: el polémico DNU con que el Presidente traicionó un acuerdo político que su espacio propició en el Congreso y hablitó el blanqueo de dólares en negro para sus familiares y los de sus funcionarios, la restitución del Fondo Sojero para las provincias, la reelección de gobernadores provinciales que tiene un doble interés contradictorio para Cambiemos, y nada más y nada menos que la extensión de un reajuste jubilatorio que podría modificar los haberes de cientos de miles de jubilados que el oficialismo había ajustado.
De todos estos casos,
el que más le preocupa a Macri por el impacto político, económico y hasta familiar es el caso del DNU que habilitó que sus parientes y los de sus funcionarios trajeran al país la plata en negro que tenían en el exterior. Por ejemplo,
Gianfranco Macri, el hermano del Presidente, se adhirió al blanqueo de capitales que Mauricio y "repatrió" $ 63,5 millones.
Según adelantó hoy Infobae,
el amparo presentado por el diputado nacional Felipe Solá en diciembre de 2016 para que se declare inconstitucional el DNU de Macri entraría en la agenda de la Corte para ser tratado en las próximas semanas y, de esa forma, se decidiría el futuro dela cuestionada decisión del Presidente que contó con las firmas de
Marcos Peña, jefe de Gabinete, y
Alfonso Prat-Gay, entonces ministro de Hacienda y Finanzas.
Después de un largo camino de idas y vueltas en las diversas instancias de la justicia, en diciembre de 2018 el expediente llegó hasta el máximo tribunal, que definirá dos cuestiones: si Solá tiene legitimación para pedir la inconstitucionalidad y si la causa es abstracta. Lo primero que hizo la Corte es enviar el caso a la Procuración General de la Nación para pedirle su opinión, aunque esto no es vinculante. Luego, puede decidir sobre la legitimación de Solá o sobre el fondo del asunto.
Solá, para engrosar la presión y la argumentación de su impulso, realizó una presentación ante el GAFI (el organismo que lucha contra todas las formas de lavado de activos, financiación del terrorismo, blanqueo, entre otros) y el GAFILAT (su sede en Latinoamérica), que se reunió este mes en París, solicitando su intervención en la causa y que le recomiende al Estado argentino "reestablecer la legalidad y prevenir el blanqueo de dinero de orígenes ilícitos".
Como si esto fuera poco, fuentes cercanas a la CS hicieron saber a varios medios, entre ellos Clarín, que la "mayoría automática peronista" de
Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Maqueda propiciada -sin querer- por el propio Macri cuando le bajó el pulgar al extitular del máximo tribunal impulsa
la resolución del reclamo de Santiago del Estero y otras provincias para que se restituyan los giros del Fondo Sojero, constituido por el porcentaje coparticipable de las retenciones a las exportaciones de soja, que el Gobierno liquidó el año pasado.
Otro tema fuerte que podría entrar en la agenda que teme Cambiemos tiene un fuerte peso económico: una decisión sobre la extensión de un reajuste jubilatorio -sustentado en el “Fallo Badaro”- que podría modificar los haberes de cientos de miles de jubilados que fueron ajustados por el gobierno de Macri.
Se trata de un expediente fue impulsado en 2009 por la Defensoría del Pueblo y podría tener consecuencias inmediatas para el presupuesto público, porque el demandante busca que se le reconozca la representación colectiva. Esa celeridad y la cuestión colectiva lo diferenciaría de la resolución del “Caso Blanco”, que en diciembre de 2018 benefició a un camionero jubilado y que se traslada cada semana a otras personas que pidieron reajustes similares.
Los ministros de la Corte firman cada martes entre 1.000 y 1.200 fallos en casos análogos al de Blanco y ese goteo -que terminará cuando se firmen 12.000 expedientes casi iguales- le permite a la ANSES distribuir el impacto económico de la medida. La diferencia es que,
si el tribunal toma el caso y lo hace aceptando la representación colectiva, estaría en juego el reclamo de 150 mil abuelos.
Finalmente,
requiere celeridad por el calendario electoral la resolución sobre el intento del gobernador riojano, Sergio Casas, de conseguir una nueva reelección. Allí, Cambiemos tiene en términos locales una posición contraria al interés del mandatario peronista. De hecho, fue el macrismo quien impulsó la demanda judicial.
Sin embargo,
un hipotético fallo adverso a Casas podría tener malas consecuencias para Macri debido a que impactaría como antecedente sobre las aspiraciones de un amigo del oficialismo, el rionegrino Sergio Weretilneck, que tiene un proyecto similar al de su par norteño.
