El juez federal
Claudio Bonadio procesó hoy a casi un centenar de intendentes de todo el país por una causa en la que se investiga una presunta malversación de fondos entre 2013 y 2015. Sin embargo,
la verdadera noticia del caso es que la embestida contra los jefes comunales opositores se conoció dos días antes, cuando una versión periodística reveló María Eugenia Vidal habría armado una "estrategia judicial" para "poner a bailar a los intendentes en los juzgados" como mecanismo de presión para bajar las PASO ante el temor por una derrota.
Es que Infobae informó hoy que Bonadio resolvió procesar a
92 intendentes de distintas comunas, entre los que se destacan los peronistas Francisco "Barba" Gutiérrez y Francisco "Paco" Durañona, y
embargarlos por 3 millones de pesos. Además, el magistrado dictó el sobreseimiento de otros tres y la falta de mérito de uno.
Sin embargo, el sitio LPO había adelantado esta información y las razones que movilizarían la medida judicial, por lo que estas últimas suenan verosímiles. Según ese medio,
el "no" de Mauricio Macri al desdoblamiento llevó a Vidal a habilitar líneas para eliminar las PASO, convencida de que una fuerte derrota en agosto la llevaría directo a perder la Provincia en octubre.
Una de esas líneas sería, justamente, la persecución judicial a intendentes opositores para presionarlos a acompañar la baja de las primarias, o bien para perjudicar su imagen de cara a estos comicios.
"Van a poner a bailar a los intendentes en los juzgados", contaron fuentes al tanto de la operación a LPO.
En este sentido,
el gobierno bonaerense habría armado un esquema de denuncias y movimiento de causas a nivel federal y provincial para "sacudir" a los intendentes. Según las mismas fuentes,
Federico Salvai, el número dos de Vidal, se habría reunido con Elisa Carrió para pedirle ayuda en la cuestión, ya que es una avezada en la materia.
También estaría detrás de la jugada el procurador de la Provincia, Julio Conte Grand, a quien también señalan diversas fuentes como un operador detrás de la movida judicial para meter preso a dirigentes sindicales opositores, como Pablo Moyano. Como era esperable, desde el entorno del jefe de Gabinete de Vidal desmintieron la versión.
En la causa en la que Bonadio metió a los intendentes ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, así como otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo.
"Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00. Maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas respecto de la mayoría de igual manera por la Alzada", sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.
El gobierno kirchnerista implementó programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete. Según Bonadio, la mayoría de las obras nunca se hizo. El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).
Según un escrito de la Cámara Federal, esos recursos se aprovecharon para "disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales".
