La encerrona de presiones en que se metió
Mauricio Macri y sus favores a las grandes empresas de medios sin decidirse por uno solo a pocos días de haber asumido, con los decretos 236/2015, 267/2016 y 1340/2016, parece, por ahora, que recién encontrará alguna resolución en 2019, en pleno año electoral. Es que
a pesar de que Cambiemos metió presión para conseguir el dictamen en Diputados de la llamada "ley corta" de telecomunicaciones, la iniciativa que ya tiene media sanción y que habilitaría a Telefónica y Claro a sumarse a la fusión Cablevisión-Telecom y poder ofrecer cuádruple play, y sancionarla el próximo miércoles, el bloque peronista que responde a los gobernadores provinciales pidió cambios que el oficialismo no concedió y el proyecto volverá a dormir hasta el año próximo.
Por el momento, sólo la megaempresa controlada por el Grupo Clarín fue habilitada por el Enacom y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para brindar tv paga, telefonía fija y móvil e internet. Telefónica y Claro necesitan ser habilitados a a sumarse al cuádruple play por la "ley corta", lo que les permitiría ofrecer televisión satelital a pesar de no invertido en redes de fibra óptica.
De allí
la encerrona de Macri, que ahora se traslada al año en que se definirá si sigue en Casa Rosada o no:
por un lado, el poderoso Cablevisión-Telecom con Clarín por detrás, que presiona para poder vender paquetes cuádruple play a lo sumo a mitad de 2019;
por el otro, la telco española y la mexicana de los servicios de comunicación y la telefonía móvil, que condicionan multimillonarias inversiones a esta legislación que por ahora deberá esperar.
Unos y otros ya fueron beneficiados por el macrismo ni bien asumió. Mediante tres decretos, el líder PRO desguazó todo el articulado de la ley de medios del kirchnerismo que ponía frenos a la multiplicidad de licencia, reinició y extendió su duración, habilitó las transferencias, formó una autoridad de aplicación plenamente controlada por el Ejecutivo y quitó todo tipo de cuotas de pantalla y reservas de mercado y espectro.
Política Argentina pudo confirmar que desde el kirchnerismo iban a votar en contra de la iniciativa macrista. Según otras versiones periodísticas Cambiemos buscaba terminar el año con la ley corta sancionada, pero
desde Argentina Federal, el bloque de los mandatarios provinciales que era la esperanza macrista para reunir los votos necesarios, pidieron modificaciones y el oficialismo optó por esperar al año próximo.
Según consignó LPO,
Sergio Ziliotto, diputado de La Pampa que responde al gobernador
Carlos Verna, exigió ceder frecuencias de Arsat a las provincias para armar sus propias redes de seguridad pública y defensa civil, un rol exclusivo de los Estados locales. Con las correcciones del Senado, según las cuales las telco deberán esperar hasta julio de 2020 por la habilitación de televisión satelital y hasta 2022 en localidades pequeñas, la ley ofrece a las cooperativas el 20% de las frecuencias de la compañía estatal, pero el resto lo cede al mercado sin restricciones.
Los federales también pidieron extender a 2024 el plazo para brindar TV satelital en las ciudades de menos de 100 mil habitantes, con la idea de desnudar menos a cableras y pymes locales.
Con el massismo y el Frente para la Victoria en contra, Cambiemos necesitaba sí o sí el voto del peronismo "racional" si quería aprobar la iniciativa y prefirió posponer el debate para 2019.
La decisión la tomó
Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete y exministro de Modernización, que tuvo a su cargo el proyecto junto a ejecutivos de las principales compañías de telecomunicaciones.
¿Reaccionará Macri con una andanada de decretos, como hizo entre diciembre de 2015 y enero de 2016, para luego repetir en diciembre de ese último año? Parece difícil, porque cada vez se queda con menos plazo, y la pelota ta la viene pateado hace demasiado tiempo. Deberá abrir el mercado a una concentración de tres actores, sin competencia, pero también sin Cablevisión-Telecom jugando singles.
La ley corta, por su parte, que se debatió casi todo el año,
sólo constituye, según Cambiemos, el paso previo a una ley integral de telecomunicaciones que Macri prometió el 1 de marzo, en su discurso de apertura de sesiones, pero nunca envió al Congreso, que espera por una iniciativa de este tipo nacida de una ley y no de decretos, como hizo el Gobierno hasta el momento para borrar del mapa la ley de SCA, aprobada por amplia mayoría en 2009.
