Las oficinas del primer piso de Rivadavia al 2577 siempre estuvieron rodeadas de un halo de misterio. Durante 2015, el lugar era señalado como un call center secreto que funcionaba como nodo de llamados electorales del PRO. Ahora, muchos trabajadores de la Ciudad advierten sobre la
utilización de empleados y contratados del GCBA en ese lugar para realizar tareas de difusión de obras y políticas públicas del Gobierno porteño,
sin ningún tipo de remuneración extra y durante su horario laboral.
Así lo demuestra un mail que circuló hace algunas semanas y al que tuvo acceso
Política Argentina. En él se pedía un listado de gente de una secretaría de la Ciudad para presentarse el lunes 6 de agosto, de 10 a 13 horas, en las oficinas de Rivadavia 2577. “Estimados, próximo lunes 6 de agosto tenemos call en TURNO MAÑANA. Por favor, para mañana necesitamos presentar listados de quienes puedan concurrir”, se lee en el texto que lleva la firma de un funcionario del área que depende de la órbita de la Vicejefatura.
Según pudo saber este sitio, estas prácticas serían habituales y aunque para muchos están naturalizadas, otros recalcan su malestar por tener que acudir a las dependencias del partido amarillo. Entre los enviados a trabajar a Rivadavia 2577 habría contratados de diferentes dependencias de la administración pública, aunque
también empleados en planta permanente. “Somos trabajadores que no militamos en el PRO”, cuenta un joven que suele ir a esas oficinas, y asegura que no existe ningún tipo pago extra.
Otro de los trabajadores detalla: "Un área del gobierno de la Ciudad coordina un call center que convoca a empleados de mi lugar de trabajo. No convocan directamente a los empleados sino a los jefes mediante mails que indican qué día hay que concurrir y en qué horario". Y en relación a la obligatoriedad de las tareas agrega: “
Coincide generalmente con el horario laboral. Son tres horas y puede ser a la mañana o a la tarde, distintos días de la semana. No sé si hay casos de voluntarios que ‘caen’ al lugar. No son presiones, sino más bien
‘tal día vas al call center’ como parte del trabajo”.
Entre los quehaceres que deben realizar se destacan los cientos de llamados a los vecinos porteños para hablar de cuestiones que
nada tienen que ver con su trabajo habitual. “Cuando se establece un llamado hay que presentarse: ‘soy fulano/a, trabajo en el gobierno de la Ciudad y formo parte del equipo de comunicación de Horacio’. Entran llamados aleatoriamente y hay que informar sobre temas de gestión determinados con un speach que podés leer de la compu. Son preguntas sobre políticas puntuales del Gobierno, como el Plan de Seguridad de la Ciudad o créditos hipotecarios que da el Instituto de la Vivienda”, detallan.
Pero el hecho no sólo tendría lugar entre trabajadores del GCBA. No es extraño ver en las redes sociales posteos de legisladores porteños en el call center con sus equipos de la Legislatura mientras realizan llamados, un hecho particular si se tiene en cuenta que muchos de los que atienden los teléfonos
trabajan para el poder legislativo, pero se comunican en nombre de
Horacio Rodríguez Larreta. “Desde el punto de vista laboral no se puede. Tanto la ley 471, que es la que regula el empleo público de la Ciudad, como el Convenio Colectivo o la ley 1225 de violencia laboral, no permitirían hacer este tipo de prácticas, menos para un fin particular”, explican desde
ATE Capital.
En rigor, según el artículo 11, inciso F de la ley 471, los trabajadores de la Ciudad tienen prohibido “valerse directamente o indirectamente de las facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política”. Pero no sólo eso. La ley 1225 define como violencia laboral “encargarle trabajo imposible de realizar, o tareas que estén manifiestamente por encima o por debajo de su preparación y de las exigencias del cargo que ocupe, o no asignarle tarea alguna”.
“El contratado, en ralidad, está fraudulentamente contratado. No tiene un régimen específico. Los tratan casi como empleados públicos pero les quitan todos los derechos. La ley 1225 dice que no podría ser utilizado para otra cosa que no sea su función. Incluso si hay una amenaza de despido en ese marco, porque el contratado va a estar presionado a hacer eso, sería violencia laboral que está tipificada en la ley 1225”, explican acerca de quienes no están en planta permanente.
Y resaltan: “Hasta podría llegar a haber algún tipo de defraudación al Estado, en tanto se estarían utilizando bienes del Estado y personal del Estado para fines particulares. Estarían utilizando el tiempo de los trabajadores que paga el Estado para que realicen determinadas funciones con fines de campaña particular”.
La versión PRO. “Esto ya se hizo en la campaña de 2015. Hay gente abocada específicamente al call center y hay gente, tanto del poder Ejecutivo y el Legislativo, de los equipos que integra cada funcionario, que charlan con los vecinos y les informan en base a diferentes temáticas, como información de los CESAC, donde están, cómo se pueden atender; o como el sistema de Salud Integral. Está organizado por barrios. Se llama a todo CABA pero se va diferenciando por barrios”, detallan desde la Legislatura.
“El objetivo es sumar gente, trabajar en equipo, es voluntario y es esporádicamente. Es la gente que trabaja para los funcionarios. Es estar en contacto con los vecinos y brindarle información de los servicios que pueden utilizar. Se los puede derivar de ahí mismo al 147, pero esto funciona aparte. No hay más que eso”, agregan, aunque sin poder informar de qué área dependen las oficinas. Polìtica Argentina intentó comunicarse, además, con tres legisladores y una subsecretaría sin respuesta. Algunos, hasta
borraron los posteos en redes que los mostraban junto a sus equipos trabajando en el call tras los llamados.
Antecedentes. A fines de 2015 y en plena carrera de Mauricio Macri por la Presidencia, las crónicas periodísticas hablaban de las oficinas de Rivadavia 2577 como un “
call center clandestino”, algo así como un nodo de llamados electorales que el partido amarillo mantenía en reserva y funcionaba a base de empleados públicos del gobierno porteño que por esos tiempos revistaban funciones dentro de distintas reparticiones comunales, en especial de la sede gubernamental de Parque Patricios.
Durante años, ese lugar coincidió con el domicilio declarado ante el fisco por la empresa GIV SRL, tercerizadora del 147 y compañía que desde 2008 fue beneficiaria de una extensión de ese contrato hasta 2018 por un monto de 171 millones de pesos, según pudo revelar el diario Tiempo Argentino. El uso de trabajadores también quedó en evidencia en 2016, cuando una investigación del sitio Página Popular demostró como
desde las propias cuentas de funcionarios de Cambiemos convocaban a trabajar “voluntariamente” al famoso call para hacer campaña por el oficialismo.
“La utilización de empleados públicos, obligados a hacerlo bajo amenazas de no renovación de contrato, son una práctica frecuente del Macrismo en la Ciudad de Buenos Aires bajo la gestión del Ingeniero Macri”, contaba por esos años la publicación y mostraba un mail del por entonces funcionario Rodolfo Pérez, con mención al por entonces ministro de cultura de CABA, Ángel Mahler.
“Estimados: Les recuerdo que el próximo Call Center será el Miércoles 31 de Agosto; debiendo los Voluntarios estar presentes a las 10:00 hs. en Rivadavia 2557. Podrán ir preparando las listas? Recuerden mandar las mismas con copia al Sr. Ministro
[email protected]. Mil gracias, estamos depurando los destinatarios por favor responder OK. Rodolfo Pérez”, detallaba la convocatoria.
