A poco más de un año de la noche del 11 de marzo de 2017 y el recital del
Carlos "Indio" Solari en Olavarría al que asistieron, según distintas fuentes, entre 200.000 y 300.000 espectadores y en el que trágicamente murieron dos personas,
el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires tiene contra las cuerdas al intendente macrista Ezequiel Galli.
El dirigente de Cabiemos podría ser duramente sancionado por haber participado como "fiador" de la productora En Vivo S.A., encargada de la realización del recital que el "Indio" brindó en el predio La Colmena de Olavarría hace poco más de un año, donde resultaron fallecidas dos personas.
En el marco del análisis del ejercicio financiero 2016,
el organismo emitió una resolución en la que considera que el rol de “fiador” "es pasible de sanción al intendente Ezequiel Galli". Asimismo, agrega que
"al margen de la sanción impuesta en el presente ejercicio por el accionar del intendente municipal, el mismo no deberá considerarse exento en ejercicios futuros de la aplicación de un cargo, si se acreditara perjuicio a las arcas del municipio".
Según detalló el diario local El Popular, la resolución también advierte que
"los funcionarios intervinientes serán considerados responsables ante posibles perjuicios al erario municipal que surjan como consecuencia de que la municipalidad de Olavarría deba eventualmente afrontar pagos y/o indemnizaciones en función de la fianza otorgada".
Los dictámenes que la oposición realizó el año pasado en el marco de una comisión especial para evaluar las responsabilidades del jefe comunal en los sucesos previos y durante el recital resaltaron que
Galli se “extralimitó” al poner al municipio como fiador y garante del contrato de locación entre la productora y La Colmena.
En aquel momento, el Tribunal de Cuentas dio su opinión por escrito, cuando sostuvo que
“las municipalidades no están autorizadas a otorgar garantías, avales, a favor de terceras personas” y que “la fianza que asume la Comuna de Olavarría no encuadra dentro de las funciones y atribuciones que le asigna la legislación vigente en el orden municipal”.
Durante la interpelación a la que sometió Galli semanas después del concierto,
Galli se había despegado de la organización y había tirado la responsabilidad por el pos recital, también caótico, al Gobierno de María Eugenia Vidal. En aquella ocasión, desligó casi todo lo referido a logística y alquiler en los productores del show, los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, dueños de la productora En Vivo S.A. En cuanto a los controles de seguridad del evento y la posterior descongestión de la ciudad, se los endilgó al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.
