Mientras se multiplican las expresiones de
repudio al
fallo de la Corte Suprema de Justicia que consideró válida la aplicación del beneficio del 2x1 para un condenado por crímenes de lesa humanidad, genera gran preocupación el impacto que podría tener la medida. Concretamente,
se estima que más de 750 represores que aún no tienen condena firme podrían verse favorecidos a partir del nuevo criterio implementado por el máximo tribunal.
La cifra se desprende de un informe realizado por el diario La Nación, desde cuyos editoriales se reclama sistemáticamente contra el juzgamiento y las condenas a militares por delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
"Más allá de todo tecnicismo procesal, el impacto principal es político, porque el fallo de la Corte muestra una apertura que podría cambiar la tendencia que predominó en la Justicia durante los doce años del gobierno kirchnerista", dijo a ese matutino una fuente del entorno de las defensas de represores.
"Al igual que con el reciente fallo que autorizó la prisión domiciliaria a los mayores de 70 años, los tribunales inferiores comenzarán a aplicar los nuevos criterios", pronosticó. Cabe recordar que
hace sólo dos semanas, mediante otra polémica resolución, la Corte revocó un fallo que había dejado sin efecto el arresto domiciliario de un condenado por crímenes de lesa humanidad. Luego, hace una semana, se le otorgó la prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, pese a que sigue preso en el marco de otras causas.
Así, según los primeros cálculos, se estima que unos 750 militares y policías que fueron encontrados culpables de los crímenes más aberrantes pero aún no tienen condena firme podrían pedir el beneficio del 2 x 1 y el acceso a la libertad condicional, una vez cumplidos los dos tercios de la pena impuesta.
La reducción de la pena sería accesible sobre todo para los militares y policías que recibieron penas menores a 25 años, así como para quienes permanecieron o permanecen por años en prisión preventiva. También podrían solicitar el beneficio los condenados a perpetua, en tanto esa pena se concreta en los hechos en 25 años de prisión.
En el mismo diario La Nación, y por si quedaban dudas sobre cómo fue recibido el fallo cortesano en el ámbito pro-represores, el columnista Ricardo Saint Jean, integrante de la asociación defensora de genocidas Abogados por la Justicia y la Concordia e hijo del ex gobernador de la dictadura Ibérico Saint Jean, escribió: “El fallo Muiña de la Corte Suprema de Justicia, conocido ayer, constituye el más saludable regreso a uno de los principios más apreciados por los argentinos: la igualdad ante la ley”.
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