En un polémico y dividido fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le otorgó el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña reduciendo el cómputo para la prisión para un condenado por delitos de lesa humanidad.
Los argumentos esgrimidos por los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti encendieron las alarmas de los organismos de Derechos Humanos, ante la posibilidad de que los principales genocidas de la última dictadura cívico militar puedan quedar en libertad.
El razonamiento utilizado por 3 de los 5 miembros del máximo tribunal de justicia hace foco en que el artículo 2 del Código Penal. El mismo asegura que "
si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna".
El 2x1, que reza que por cada año de prisión preventiva se computan 2 y se le suman a los de condena efectiva, fue derogado en el 2001 pero Muiña cometió los delitos en la década del 70.
Este precedente abre las puertas a que, por ejemplo,
los abogados de Miguel Etchecolatz, Alfredo Astiz, y Jorge "Tigre" Acosta, puedan pedir los mismos beneficios y reducir sus penas. Incluso aunque tengan condenas a cadena perpetua, ya que podrían discutir que en realidad la pena máxima es de 25 años e intentar conseguir ser juzgados con la misma vara que Muiña.
Política Argentina se comunicó con
Pablo Lachener, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, quién explicó que
ahora el organismo de Derechos Humanos está preocupado ante la posibilidad de que esta decisión también recaiga sobre los condenados por apropiación de bebés.
Durante la década del 90 se aprobó una Ley que determina que el delito de desparación de apropiación de bebés durante la última dictadura cívico militar se sigue cometiendo hasta la aparición de la persona. Pero tras la decisión de Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco podrían recurrir a la Corte para que se les aplique la ley anterior, y conseguir de mínima reducir sus penas.
