La Procuraduría de Lesa Humanidad confeccionó un informe que revela que de los 2780 militares, policías, eclesiásticos y civiles acusados en la última década, 750 fueron condenados y 77 absueltos. De los represores sentenciados, 518 gozan del beneficio del arresto domiciliario.
Siete de cada diez imputados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura todavía no recibieron ninguna sentencia. Los genocidas que cuentan con una sentencia firme, representan sólo el 30 por ciento de los 2780 militares, policías, eclesiásticos y civiles imputados por fiscales de todo el país.
El detallado informe que emitió el organismo, además da cuenta de la situación privilegiada que atraviesan los viejos represores: más de la mitad están libres y una cuarta parte goza de arresto domiciliario.
Los imputados que atraviesan procesos en libertad (1149) son más que los detenidos (1044). Esta cifra contempla además un amplio número de represores con arresto domiciliario (518) y a 65 alojados en centros de salud o en la denominada “Unidad 34” de Campo de Mayo, ex sede del mayor centro clandestino del país, del que varios tribunales ordenaron retirar a los imputados a su cargo luego de que la Procuraduría de Lesa Humanidad constatara que no cumple con elementales condiciones de seguridad.
