"La causa empieza a atravesar dificultades que son capaces de desestabilizar la continuidad y culminación del juicio", advirtieron los fiscales Abel Córdoba y Ángeles Ramos ante las dilaciones del mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la Argentina, conocido como megacausa ESMA.
El proceso, que va por su quinto año de audiencias, involucra a 54 acusados y 798 víctimas.
El Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado para alertar sobre las trabas que frenan el avance y conclusión del juicio por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la dictadura cívico-militar. Las últimas dilaciones se dieron a raíz de la nueva recusación "sin motivo" del juez Daniel Obligado, impulsada por la defensa de casi la mitad de los acusados, y por la licencia por razones médicas de la jueza Adriana Palliotti.
"Que el proceso tramite con los tiempos regulares de juicio está en manos del tribunal", enfatizaron los fiscales, y aseguraron que “están absolutamente dadas todas las condiciones procesales y materiales para la culminación del juicio en muy poco tiempo".
El juicio de la denominada causa ESMA Unificada es uno de los procesos más grandes de la historia judicial de nuestro país, con 54 acusados y 798 víctimas.
"Sabemos que es la última posibilidad que tienen los procesados de dar por tierra con el juicio y esto se confirma con maniobras para recusar a jueces sin motivo", señaló el fiscal Córdoba, luego del pedido de recusación de Obligado por parte de un defensor.
Ese planteo aún no fue resuelto porque los otros dos jueces que debían abocarse a dar una respuesta, Palliotti y Leopoldo Bruglia, se excusaron de intervenir por "violencia moral". Así, desde el 16 de febrero se aguarda el sorteo de los camaristas que tratarán la recusación.
Al mismo tiempo, la jueza Palliotti tomó licencia por una semana por razones médicas, hasta el 1° de marzo, y su ausencia podría extenderse. Cabe resaltar que
entre las causas de nulidad de un debate oral y público está su paralización por más de diez días hábiles, según establece el Código Procesal Penal de la Nación.
En tanto, a lo largo de los años la “impunidad biológica” –como la denominan sobrevivientes y militantes de Derechos Humanos- impidió que recibieran su sentencia 14 de los 68 acusados que originalmente había en este proceso.
