La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, anuló la prisión domiciliaria concedida al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz y ordenó que se dicte una nueva resolución tomando en cuenta informes médicos de peritos oficiales y la posición de la fiscalía, contraria a otorgar ese beneficio.
La decisión anuló así un fallo que en agosto pasado
concedió a Etchecolatz el arresto domiciliario por razones de salud. Sin embargo, el represor continuaba detenido en el marco de otras causas, a disposición de la Justicia de La Plata, donde hay recursos pendientes de resolución sobre sus pedidos para obtener la prisión domiciliaria.
En el ámbito de la Justicia de la ciudad de Buenos Aires, la fiscalía apeló la decisión de concederle el beneficio, porque los camaristas que lo hicieron no habrían tomado en cuenta "la opinión de peritos expertos del Cuerpo Médico Forense e incluso los de parte que, en este incidente y también en el de La Plata, sostuvieron que
las patologías que presenta Etchecolatz pueden ser tratadas dentro de la unidad de detención donde se aloja".
Ante esto, los jueces de la instancia superior, Casación, entendieron que "no puede soslayarse que la decisión adoptada reconoce como único basamento fáctico el informe médico de galenos que asisten cotidianamente a Miguel Osvaldo Etchecolatz, aportado por su defensa pública", según el fallo al que accedió Télam.
Además, remarcaron que la Cámara Federal no convocó "adecuadamente" a la fiscalía a la audiencia oral donde se escuchó a la defensa del represor antes de decidir, ya que se le informó el día pero no la hora de ese trámite. También, remarcaron que no tuvieron en cuenta un dictamen de peritos del Cuerpo Médico Forense contrario al de los médicos de la defensa, con lo cual la decisión de concederle el beneficio "se apartó decisivamente de la doctrina".
El 31 de agosto pasado,
el Ministerio Público Fiscal de La Plata había interpuesto un recurso ante la Cámara de Casación contra las resoluciones dictadas en dos causas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, que favorecieron al represor con prisión domiciliaria.
En ese recurso, los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira, habían objetado la decisión del tribunal, basada en que el recluso tenía más de 70 años y en un informe de médicos penitenciarios sospechado de tener datos fraguados.
La presentación de los fiscales había sido realizada en el marco de la causa unificada en la que se investigan crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en las brigadas de Banfield y Quilmes, por la que Etchecolatz debe ser juzgado en juicio oral, y en el expediente sobre la red represiva de la capital provincial, denominada judicialmente "Circuito Camps", en la que Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua en el 2012.
Desde los organismos de Derechos Humanos que conforman las querellas habían advertido además que había
indicios de datos fraguados en el informe médico en el que se basaba la defensa del genocida, ya que figuraba una supuesta pérdida brusca de kilos, motivada por una huelga de hambre, que no condecía con los registros previos de su peso.
