El presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia Germán Garavano firmaron el decreto 1143/2016 mediante el cual aceptaron la renuncia presentada por el presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Carlos Rozanski.
El magistrado se apartó de su cargo mientras avanzaba un proceso en su contra en el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño en sus funciones, y tras haber denunciado ser perseguido por su intento de avanzar en el juzgamiento de los responsables civiles en causas de lesa humanidad.
“Acéptase, a partir del 1° de noviembre de 2016, la renuncia presentada por el señor doctor Carlos Alberto Rozanski al cargo de juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires”, dispone la resolución de la Casa Rosada.
La semana pasada, el Gobierno ya había anticipado que aceptaría la dimisión. El diputado nacional del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura Pablo Tonelli había dicho entonces que “cuando se acepta la renuncia a un juez cuestionado, mucha gente cree que es una mala decisión, que hay que seguir adelante con el juicio, pero hay razones prácticas que aconsejan aceptar la renuncia”.
El juez Rozanski presentó su dimisión el pasado 20 de octubre, tras más de 15 años como presidente del TOF 1 de la Plata.
Desde 2006, estuvo a cargo de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Ese año, de hecho, dictó la emblemática condena a cadena perpetua a Miguel Osvaldo Etchecolatz, “en el marco de un genocidio”. En ese juicio, además, fue desaparecido el testigo Jorge Julio López, tras lo cual hubo una oleada de amenazas.
Este año, el magistrado también había denunciado una serie de amenazas y presiones para frenar los juicios a represores y responsables civiles. “Hay muchas presiones -y hace muchos años que hay presiones de parte de medios de comunicación muy importantes-. En el caso del diario La Nación es explícita y lo hemos denunciado penalmente con dos colegas con quienes integrábamos el tribunal. En el mismo sentido, el diario Clarín hace operaciones muy graves. Eso es también parte del contexto. A mí me consta personalmente que son presiones y que son presiones indebidas. Hay que tenerlo en cuenta porque costó muchísimo esfuerzo y sacrificio a una parte importante de la sociedad ser el único país del mundo que no dejó sin sancionar el genocidio vivido”, dijo Rozanski en agosto, en una
entrevista con Política Argentina.
Un mes más tarde,
denunció públicamente ser “perseguido” por el Consejo de la Magistratura –que impulsó un proceso en su contra- y vinculó esta decisión de "los representantes del Poder Ejecutivo" a la intención de frenar el avance de los juicios de lesa humanidad hacia "complicidades civiles". "Cuando se empezó a avanzar en las complicidades que excedían a las fuerzas de seguridad, empezaron este tipo de cuestionamientos para frenar el avance hacia otros sectores de la población", advirtió entonces. E indicó que se enteró de esa maniobra de supuesta persecución a través de un informe periodístico en el que se anunciaba que "el Gobierno estaba detrás de tres jueces: Daniel Rafecas, Eduardo Freile y él, y destacó que no lo creyó posible hasta que el Consejo de la Magistratura retomó la denuncia”.
Desde que denunció presiones, amenazas y finalmente presentó la renuncia, el juez recibió fuertes muestras de apoyo. Un día después de la dimisión a su cargo, estudiantes, referentes del campo de los derechos humanos y autoridades de la Universidad Nacional de La Plata realizaron un
abrazo simbólico.
