Días antes del décimo aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, el Gobierno anunció que pretendía que el Estado fuera querellante en la causa que investiga el secuestro del albañil y testigo contra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. La presentación la formuló el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Pero
la Justicia federal de La Plata rechazó tal planteo, acorde con la posición de los querellantes y la Fiscalía, por considerar que sería una “contradicción”, teniendo en cuenta que una de las principales hipótesis es la participación en el caso de fuerzas de seguridad dependientes del Poder Ejecutivo.
El juez federal Ernesto Kreplak rechazó la solicitud del Gobierno dando lugar al planteo de la Unidad Fiscal especializada en delitos de Lesa Humanidad, que conduce la investigación, que a su vez había tomado los planteos de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), querellante en la causa López. “Estimándose que la postura del Ministerio Público Fiscal se encuentra debidamente motivada en una posible incompatibilidad entre la condición de imputados que podrían revestir funcionarios del Estado y la de parte acusadora que intenta asumir este último, corresponderá rechazar su solicitud”, escribió el juez en su resolución del 27 de octubre.
“La pretensión del Gobierno es de un profundo desconocimiento del rol que como Estado le compete en una causa de estas características. Nos alegra que la Fiscalía haya hecho suyos nuestros argumentos y que el juez le haga lugar”, dijo a Política Argentina la abogada Guadalupe Godoy, patrocinante de la LADH en la querella. “Esperamos ahora que el Gobierno haga lo que ya le han ordenado hace meses respecto de los recursos humanos y materiales que tiene que poner a disposición de quienes están a cargo de la investigación”, agregó.
“Es imposible que tengamos personas desaparecidas en democracia y, como Estado querellante, queremos averiguar bien en qué estado está la causa y qué medidas se pueden impartir para ayudar a la familia y saber qué pasó", dijo a los medios en su momento Avruj, justificando la intención del Gobierno de Cambiemos de constituirse en querellante.
En su rechazo a esa solicitud, la Liga había advertido que “para que exista desaparición forzada de persona, la intervención del Estado es un requisito ineludible. De modo tal que, por acción directa o indirecta u omisión dolosa o culposa siempre el Estado tendrá un rol determinante por el que deberá responder”. Y que por lo tanto “quien puede resultar responsable, en modo alguno puede revestir la calidad de acusador, pues supondría admitir una eventual autoimputación”.
En su respuesta, en línea por la querella y tenida en cuenta por el juez, la fiscalía a cargo de Marcelo Molina sostuvo que “cabe recordar que una de las líneas de investigación seguida en la presente instrucción tiene como principal hipótesis determinar la posible responsabilidad de las fuerzas de seguridad, dependientes en forma directa del Poder Ejecutivo. De esa manera, la incorporación de la Secretaría como querellante podría, eventualmente, redundar en una contradicción para el desarrollo de la pesquisa”.
Si bien la causa López no tiene imputados ni procesados por la desaparición del albañil y testigo, el 18 de septiembre de 2006, sí hay en el expediente diversos indicios que apuntan a policías bonaerenses en actividad y retirados, así como a miembros del servicio penitenciario. “Los ejemplos de la torpeza, incapacidad y resistencia a los pedidos judiciales que han tenido las fuerzas de seguridad involucradas en la investigación son innumerables”, recordó la Liga en su planteo ante el juez, y resaltó que
el mismo Estado que pretendía convertirse en acusador y recibió la negativa de la Justicia tiene pendiente cumplir medidas como completar el análisis del entrecruzamiento de llamados entre los sospechosos y avanzar en un registro que centralice toda la información de las morgues del país, que agilizaría el cotejo de cuerpos NN en el caso López y ayudaría en las causas de búsqueda de personas en general.
