En septiembre del año pasado el derrame de más de un millón de litros de agua con cianuro por parte de la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, provocó la contaminación de cinco ríos en la provincia de San Juan, especialmente en el pueblo de Jáchal.
Un año después, el emprendimiento sigue operando, la causa judicial está parada y organizaciones ambientalistas reclaman el cierre y la reparación medioambiental por parte de la compañía.
“Es vergonzoso que a un año del desastre ambiental que Barrick Gold provocó en San Juan todavía no haya medidas concretas que garanticen que no va a volver a suceder algo así. Sólo nueve ejecutivos de la empresa procesados y una multa irrisoria.
Incluso, es todavía más grave que la compañía tenga la intención de comenzar nuevos emprendimientos en la zona”, advirtió Gonzalo Strano, de Greenpeace, en un comunicado emitido en conjunto con Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Enrique Viale, integrante de esa asociación y abogado de la Asamblea de Jáchal, dijo a
Política Argentina que
“a nivel judicial está absolutamente cajoneado el tema y a nivel institucional le han hecho una encerrona al pueblo, que buscó la solución judicial y no la encontró, luego quiso hacer un plebiscito y por presión de la gobernación y lobby minero no pudo. El pueblo está absolutamente abandonado a su suerte y el hecho, absolutamente impune”.
Viale resaltó que la Corte Suprema “tuvo un papel fundamental en garantizar la impunidad de Barrick”, al dejar la causa en manos de la justicia provincial. “La asamblea de Jáchal estaba constituida como querellante ante (el juez federal Sebastián) Casanello, que venía investigando muy bien y por primera vez hizo subir a un experto independiente a la mina, Robert Morán, que hizo un informe categórico.
Cuando el juez estaba por resolver sobre el pedido de la asamblea por el cierre de la mina, la Corte le saca la competencia, le saca la causa, y se la manda a un juez de San Juan que durmió todo hasta la actualidad”.
A lo largo de este año hubo informes de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Policía Federal que confirmaron la contaminación, en niveles mucho mayores a los difundidos inicialmente. Pero el gobierno de San Juan contrató a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que sacó conclusiones en el sentido contrario. Ese organismo había sido contratado en 2014 por el Estado provincial para monitorear la mina de Veladero. “La UNOPS viene con el halo de Naciones Unidas pero tenía una labor previa y que la volvía corresponsable del derrame en parte. Tiene un papel bastante patético ese organismo”, consideró Viale.
Además de las maniobras de la empresa primero para tratar de ocultar y luego para intentar relativizar el grado de la contaminación, en marzo de este año
los denunciantes advirtieron que el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, entregó a la Justicia un informe más lavado que el que había recibido de parte de la Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental. El estudio concluía que fueron mucho más de un millón de litros de solución cianurada los que se derramaron desde la mina, y que la empresa deliberadamente manipuló las mediciones. El documento entregado por la cartera de Bergman a la Justicia, sin embargo, no incluía tales conclusiones.
“La situación del derrame de cianuro en Jáchal da cuenta no sólo de los serios e irreversibles impactos ambientales de este emprendimiento sino también de los graves problemas de institucionalidad asociados, como la falta de transparencia, la escasa información, en particular, la falta de intención de dar una respuesta definitiva al asunto”, planteó Pía Marchegiani, de FARN. Las tres organizaciones que firmaron el comunicado acompañan el pedido de la Asamblea de Jáchal por el cierre de la mina.
En el pueblo sanjuanino el reclamo sigue y permanece instalada una carpa de protesta.
"Esta tragedia anunciada, el mayor desastre minero de la historia argentina, dejó indefenso al pueblo de Jáchal, al cual le cerraron todas las vías institucionales, tanto del Gobierno Nacional como el provincial. Así garantizaron la impunidad", sentenció Viale.
