El diputado nacional por el FpV
Rodolfo Tailhade le pidió al juez federal Ariel Lijo que investigue a Juan Tonelli, pareja de la vicepresidenta Gabriela Michetti, a fin de saber si contaba y le prestó efectivamente los 50 mil dólares que le robaron a la titular del Senado, de dónde los obtuvo, y, fundamentalmente, si no se benefició a través de delitos en las diversas contrataciones que sus empresas recibieron del gobierno porteño.
Tras hacer un raconto de la causa “los bolsos de Michetti” y de que Tonelli "realizaba a través de una sociedad -de la cual era titular- contrataciones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras su pareja ostentaba diferentes cargos de máxima responsabilidad", el legislador kirchnerista
exigió infomación a diversos organismos públicos para que se indaguen sus cuentas y se investiguen las empresas Tough Match, Castropol Comunicaciones y la revista JOY –sobre restaurantes gourmet–, así como los eventos “BAM – Buenos Aires Market” y las “Sparkling Nights”, todos a cargo de Tonelli y todos recibieron financiación del GCBA.
“Juan Martín Tonelli, pareja de la vicepresidenta Gabriela Michetti, recibió del gobierno porteño más de dos millones de pesos en contrataciones directas por “pauta publicitaria” en la revista JOY –sobre restaurantes gourmet– y “organización de eventos” como las “Sparkling Nights” –reuniones para catar champagne en hoteles cinco estrellas–.”, citó el diputado nacional en la presentación judicial.
Además,
solicitó que se amplíe la investigación sobre la Fundación Suma, cuya presidenta es Michetti, para conocer si los $200 mil que también le robaron a la Vicepresidenta de su domicilio eran de la fundación y cómo se originaron. En ese sentido, pidió que se impute a todas las autoridades, es decir los funcionarios de Cambiemos Federico Pinedo, Silvana Giudici, Hernán Lombardi, Guillermo Tristán Montenegro y Rogelio Frigerio.
"En este sentido, y en virtud de sus responsabilidades estatutarias,
corresponde que se amplíe la imputación dirigida inicialmente contra la presidenta de la fundación, al resto de los miembros del Consejo de Administración", argumentó Tailhade en la presentación, ya que "deben dar explicaciones sobre todas las cuestiones referidas al funcionamiento de la fundación y particularmente la participación de cada uno de ellos en el manejo de fondos".
Puso especial énfasis en "la Tesorera de SUMA, Sra. Silvana Giúdice" dado que "debe explicar los alcances de su función, de qué forma se manejaban los fondos, donaciones recibidas, y todo lo que resulte conducente en relación con el objeto procesal".
Finalmente,
Tailhade pidió que se indague a los integrantes del “Equipo Ejecutivo” de Suma, ya que en el caso de varios de estos se podría repetir la situación de la novia de periodista Alfredo Leuco, "la Sra. Cecilia Ruth Brook, quien fuera designada por Michetti en el Senado de la Nación, aunque al parecer no desempeñaría ningún cargo en la cámara alta sino que realizaría tareas privadas para la fundación SUMA".
El diputado pretende saber si en la fundaciòn de Michetti no funciona como modus operandi de ñoquis, a través de la metodología de poner a trabajar en Suma a empleados que cobran del Estado sin realizar ninguna función pública.
Ejemplificó los casos del Director de Asuntos Institucionales y Cooperación Internacional de la fundación, Alvaro Zicarelli, que "se desempeña en esta función pero cobraría a través de contratos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y el Senado de la Nación"; y de Santiago Riobó, Director de Laboratorio de políticas públicas, quien supuestamente cumple esa tarea "pero cobraría a través de un contrato en el Senado de la Nación".
Finalmente,
el dato polémico que se suma, justamente, a los problemas judiciales de Michetti, es la currícula laboral de su abogado defensor. Se trata de Santiago Rozas Garay, hijo de Marcelo Alejandro, militar retirado que actualmente trabaja para el Gobierno de Mauricio Macri como subsecretario de Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
Rozas Garay defendió a Jorge Cornejo Torino, ex director de la Fábrica Militar de Río Tercero, en la causa de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador por la que también fuera condenado el ex presidente Carlos Menem. También fue letrado de Boca Juniors en el juicio contra Adrián "Panadero" Napolitano y, principalmente, se destaca su rol como patrocinante del grupo Clarín en la denuncia contra Axel Kicillof, Guillermo Moreno y Alejandro Vanoli, entre otros.
