Los fiscales generales de La Plata Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira, apelaron ante la Cámara de Casación el otorgamiento de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz.
El beneficio fue concedido en dos causas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa ciudad, pero el represor continúa en cárcel común por su situación en otras causas. Según los fiscales, el fallo que recurren "se encuentra precedido de una actuación prima facie irregular del Servicio Penitenciario Federal", sospechado de haber falseado información médica para favorecer a Etchecolatz.
En su presentación, los fiscales recordaron la denuncia que días pasados formularon para que se investigue si los médicos del penal fraguaron datos sobre la salud del represor para que lograra acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. Tras esa denuncia, el viernes pasado el juez federal de primera instancia Ernesto Kreplak ordenó el secuestro de la historia clínica de Etchecolatz y documentación relacionada, en un
procedimiento realizado en la cárcel de Ezeiza.
Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal cuestionó la resolución del TOCF por "fundar lo decidido en razones etarias" y por no "abordar las condiciones de salud concretas de Etchecolatz, lo cual conspira contra la jurisprudencia consolidada en la materia en cuanto a que los requisitos legales deben valorarse junto a otros aspectos relativos a la salud y su relación con las condiciones de encierro, no operando de manera aislada o automática" el hecho de que el solicitante tenga más de 70 años.
Además,
los fiscales resaltaron "la multiplicidad de causas" que pesan sobre Etchecolatz, y "la posible vinculación que puede tener el imputado con miembros y estructuras afines a la dictadura, que operan en la actualidad amenazando a testigos y víctimas, siendo emblemático aquí la desaparición del testigo víctima Julio López", de la que se cumplirán diez años el próximo 18 de septiembre.
