La posibilidad de que el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz sea beneficiado con la prisión domiciliaria encendió la alarma entre militantes de derechos humanos y entre los familiares de Jorge Julio López, testigo desaparecido hace ya casi diez años después de declarar contra el ex jerarca de la policía bonaerense.
Dos de los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata consintieron el viernes último que Etchecolatz dejara la unidad penitenciaria de Ezeiza para trasladarse a su casa en el Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata. Pese a que aún resta que los jueces se expidan sobre otra causa en la que fue condenado el ex-policía, una nueva resolución favorable se chocaría con la decisión del juez federal Ernesto Kreplak de negarle el beneficio al represor.
Etchecolatz arrastra media docena de condenas y tiene causas en instrucción. Al tribunal oral le corresponde analizar la posibilidad de otorgarle el beneficio en las causas por las que ya recibió sentencia y al juez de instrucción, Kreplak, le toca analizar la situación de Etchecolatz en referencia a los casos que aún no llegaron a juicio. El 12 de agosto pasado, Kreplak sostuvo que no le correspondía a Etchecolatz el beneficio de la domiciliaria pero que debía ser internado en un hospital fuera del complejo penitenciario de Ezeiza para ser atendido por la huelga de hambre que venía manteniendo. El magistrado ordenó que -- en caso de ser necesario -- se lo alimentara y se le diera la medicación de modo forzoso.
Siguiendo las directivas del juez, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) lo llevó hasta una clínica en Monte Grande, donde estuvo sólo tres horas. Los médicos no lo encontraron descompensado pese a que el hombre de 87 años estaba hacía casi tres semanas sin ingerir alimentos y sin tomar remedios y dijeron que no había motivo para tenerlo internado. Rápidos de reflejos, los penitenciarios trasladaron a Etchecolatz a Ezeiza sin consultar con el juez, que decidió este viernes enviar un nuevo oficio a las autoridades del SPF para que llevaran a Etchecolatz a una clínica en la zona sur del conurbano bonaerense para ser atendido. El oficio dejó entrever la molestia del magistrado. Les aclaró que podían ser denunciados por desobediencia.
Según consta en la resolución del TOF 1 del último viernes, la huelga de hambre fue dañando la salud de Etchecolatz. Un día después de iniciarla, se cayó en las duchas pero se recuperó solo y no necesitó atención. El 2 de agosto, sufrió otra caída. El represor le hizo saber al juzgado que estaba dispuesto a ponerle fin a la huelga de hambre si lo devolvían a Ezeiza, donde parece sentirse un poco más cómodo.
La semana pasada, un grupo de querellantes presentó un escrito ante el TOF 1 señalando dudas sobre el accionar del SPF -- dependiente del ministerio de Justicia de la Nación. Abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD) y de otras organizaciones sugirieron que médicos penitenciarios podrían haber “falseado datos” del peso con el que contaba Etchecolatz a la hora de iniciar la huelga de hambre. A los querellantes les llamaba la atención que el represor pesaba 67 kilos el 20 de abril pero que había subido a 73 el 26 de julio, cuando se declaró en huelga. En estas semanas perdió esos kilos. Los organismos también remarcaron que hubo presentaciones espontáneas de médicos del SPF en la causa tendientes a favorecer que Etchecolatz fuera enviado a su casa.
Decisiones judiciales
La denegatoria de Kreplak fue apelada la semana pasada por los defensores públicos que patrocinan a Etchecolatz. El TOF 1 deberá volver a reunirse esta semana para decidir qué hace con Etchecolatz en el último incidente que le resta por analizar mientras organismos de derechos humanos junto a gremios y organizaciones políticas preparan una protesta, fuentes señalaron.
La nueva mayoría a favor de la domiciliaria a Etchecolatz quedó marcada el último viernes por los votos de Germán Castelli y Daniel Esmoris, el juez designado el 11 de agosto por el Consejo de la Magistratura después de que su colega César Álvarez renunciara a su subrogancia en el TOF antes de expedirse sobre la situación de Etchecolatz. Álvarez es uno de los camaristas de La Plata que votó el mes pasado en contra del tarifazo.
El tercer miembro del TOF, Roberto Lemos Arias, se inclinó por negarle la domiciliaria a Etchecolatz.
“No se trata de una domiciliaria por cuestiones de salud -- que ha habido y que hemos consentido”, dijo la abogada Guadalupe Godoy, querellante en causas por delitos de lesa humanidad en La Plata. “Acá es la primera vez que con un dictamen del Cuerpo Médico Forense que sostenía que no correspondía el beneficio, se lo concedió, usando dos de los argumentos que viene fogoneando el gobierno: ser mayor de 70 años y las razones humanitarias. Esto implica aceptar la estrategia de los represores y avanzar hacia una amnistía judicial encubierta. Esto está pasando en todos lados pero silenciosamente”.
Para Godoy, la posible concesión de la domiciliaria a Etchecolatz y a otros represores que operaron en la provincia de Buenos Aires puede traer una repercusión negativa entre testigos en los juicios y los familiares de las víctimas. “Eso sumado al desmantelamiento de los programas, el discurso negacionista que se baja desde el Ejecutivo y la deslegitimación del movimiento de derechos humanos”, agregó.
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Después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Etchecolatz fue el primer acusado en sentarse en el banquillo -- aunque no fue el primer condenado ya que llegó antes la sentencia a Julio Simón en los tribunales de Comodoro Py.
El proceso se inició con Etchecolatz en prisión domiciliaria, beneficio que fue revocado en junio de 2006 después de que el abogado que representaba a María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani -- la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo -- denunciara que el represor tenía una pistola en su casa de Mar del Plata. Un par de años antes, Etchecolatz había amenazado con un arma a un grupo de jóvenes que improvisaron un escrache al verlo por la ciudad balnearia.
Según consta en la causa, la jefa social del hospital penitenciario de Ezeiza informó que Etchecolatz cuenta con una causa acorde a sus patologías: cuatro habitaciones, tres baños, living, cocina, quincho, garaje y hasta un taller. La mujer del represor, Graciela Carballo, también contrató un servicio de emergencias y la comisaría V de Mar del Plata realizó un informe socio-ambiental de la casa del hombre que fuera la mano derecha de Ramón Camps al frente de la policía bonaerense durante los años del terror de Estado.
Preocupación
La semana pasada, “Chicha” Mariani soltó 40 globos al aire en La Plata. Cuarenta, como cada uno de los años que tiene su nieta y como cada uno de los cumpleaños que no pudo festejar con ella. A Clara Anahí Mariani Teruggi se la llevaron el 24 de noviembre de 1976 después de un operativo brutal en la calle 30. “Etchecolatz sigue cometiendo delitos. Chicha no sabe dónde está su nieta”, insiste Godoy.
Un día antes de que el TOF 1 de La Plata condenara a Etchecolatz en septiembre de 2006, Jorge Julio López desapareció -- justo cuando tenía que ir a acompañar a sus abogados para alegar en contra del represor. La posible domiciliaria a Etchecolatz preocupa a su familia.
“Estamos preocupados y ocupados para que esto no suceda”, dijo su hijo Rubén a Política Argentina. El 18 de septiembre se cumplen diez años de la desaparición de López. Un beneficio a Etchecolatz parece una broma macabra para la familia y para los compañeros del albañil. “Ahora tenemos que ocuparnos de que no salga este personaje nefasto”, se quejó el hijo.
“Si hoy dejaran libre a este sátrapa, los demás van a empezar a pedir que los manden a la casa. Si lo hacen con el jefe mayor, los secuaces que lo secundaban en la dictadura -- y que es lo peor -- también lo van a hacer”.
